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Condenan declaración de Bukele sobre "fusilar" a magistrados

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Palabras. El presidente Bukele dijo que no es un dictador porque no ha mandado a fusilar a nadie.

Palabras. El presidente Bukele dijo que no es un dictador porque no ha mandado a fusilar a nadie.

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José Miguel Vivanco y el IIDC lamentaron lo expresado por el presidente de El Salvador en cadena nacional.

El Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador, IIDC) condenaron las declaraciones hechas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en cadena nacional dijo que no es un dictador, porque "los hubiera fusilado a todos o algo así si fuera de verdad un dictador, salvas mil vidas a cambio de cinco", en referencia a los cinco magistrados de Sala de lo Constitucional.

"Lo dice al respecto de los magistrados de la Sala Constitucional que han frenado sus atropellos al estado de derecho. Increíble", dijo Vivanco, por medio de sus cuentas de redes sociales.

Vivanco, en reiteradas ocasiones, ha criticado las decisiones que ha tomado Nayib Bukele en materia de los derechos humanos.

Por su parte, el IIDC dijo, por medio de un comunicado, que "condena las expresiones del presidente de la república por suponer una amenaza a la independencia judicial y a la integridad de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional".

Además, el ente internacional invitó "a la sociedad salvadoreña a, que lejos de normalizar, o banalizar tales declaraciones, reflexione sobre la gravedad que supone ese discurso de odio y la amenaza que representa para los magistrados del tribunal constitucional, y para el Estado Constitucional de Derecho".

También el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional instó a las autoridades nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, a estar vigilantes, a fin de garantizar la independencia judicial y la integridad de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

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