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Condenas por intención de dar casas de playa VIP a diputados

En la agenda de la junta directiva del miércoles pasado, el diputado que aparece como solicitante para conocer los planos de las casas en el rancho de playa legislativo es Reynaldo Cardoza.
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Más críticas. Diputados de junta directiva fueron cuestionados luego de que se divulgara una supuesta intención de construir casas de lujo en su centro recreativo de playa.

Más críticas. Diputados de junta directiva fueron cuestionados luego de que se divulgara una supuesta intención de construir casas de lujo en su centro recreativo de playa.

Condenas por intención de dar casas de playa VIP a diputados

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La intención de los diputados de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de construir dos casas de playa VIP (para Gente Muy Importante, en inglés), en el rancho propiedad del congreso situado en la Costa del Sol, en La Paz, fue fuertemente criticada ayer por miembros de organizaciones de sociedad civil, por ciudadanos y hasta por otros diputados que no son directivos en el parlamento salvadoreño.

En el punto nueve de la agenda de la sesión de la junta directiva del miércoles pasado, que fue mostrada por la diputada de ARENA y segunda vicepresidenta del congreso, Ana Vilma de Escobar, se puede leer que el “gerente de Administración y Finanzas remite planos y presupuesto de $82,458.42 para la construcción de casas VIP 1 y 2 del centro recreativo La Parcela”. Sin embargo, el documento que presentó la diputada de ARENA en un primer momento tenía tachado el nombre del diputado que había solicitado los planos y el presupuesto de construcción de las dos casas.

Ayer trascendió que el diputado cuarto secretario de junta directiva, Reynaldo Antonio López Cardoza, del PCN, fue quien solicitó los planos y presupuesto. Ayer mismo, el diputado Cardoza aseguró que él no fue quien, originalmente, solicitó la construcción de esas dos casas para “gente muy importante” dentro del rancho La Parcela, propiedad del congreso.

Cardoza actualmente enfrenta un proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito.

“Primero, creo que no les ha caído el 10 a muchos en la Asamblea de que estamos en un período difícil y que la austeridad es importante, y que no se puede seguir con la fiesta en el uso de los fondos públicos. Segundo, están dando un malísimo ejemplo a la ciudadanía y a la gente de los sindicatos de Salud, de Educación, al ver esto, y que luego le digan que no hay dinero, pero sí hay para alimentos y cosas VIP, entonces ven que el problema no es que falte dinero, sino a quién se lo dan”, opinó ayer el director de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio.

A pesar de los señalamientos que se han hecho desde hace varios años, se observa que “persiste el abuso y la ineficiencia en el manejo de los recursos públicos en el ejercicio de las facultades discrecionales a cargo de funcionarios” de instituciones y empresas estatales, expresó ayer el Consorcio por la Transparencia, integrado por FUNDE, FUSADES y DTJ.

“Se continúan evidenciando arbitrariedades al aprobarse gastos destinados a fines que no están justificados, ni por la naturaleza de las instituciones y mucho menos en la ley”, indicó el consorcio.

Recordaron sobre la compra de alimentos y bebidas alcóholicas en CEPA, y el uso de vehículos estatales para viajes privados durante las vacaciones, lo cual pone en evidencia que los funcionarios consideran que el cargo público es “un medio de vida”.

“En la Asamblea Legislativa por un lado se habla de recortar gastos, pero luego se puede ver algunos gastos que pudieran ser superfluos, y allí es en donde podemos ejercer una contraloría social como para que se evalúe el costo-beneficio de los gastos”, dijo la presidenta de la Fundación DTJ, Claudia Umaña.

El consorcio cuestionó el papel del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) debido a que no se han visto resultados significativos en su labor de velar por que los funcionarios actúen con ética. Además, se cuestiona el trabajo de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por falta de independencia. El consorcio recordó que, históricamente, se ha mantenido un reparto partidario en esta institución.

“Es falso”, dice Peña

La presidenta de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, por el FMLN, rechazó ayer la información publicada acerca de la intención de los diputados de construirse dos casas de playa VIP en el rancho La Parcela, de Costa del Sol, propiedad del parlamento. Para Peña, a pesar de que se contó con la prueba de la agenda de la junta directiva proporcionada por la diputada De Escobar, dijo que el contenido de las noticias era “falso”.

Peña fue más allá y escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Necesito escrito de diputado o grabación de diputado pidiendo cabañas. De lo contrario, dejen de acusar diputados con calumnias”.

Sin embargo, el mismo diputado Cardoza fue quien reconfirmó que en la agenda de la sesión de junta directiva del miércoles pasado sí se encontraba el punto de las casas VIP. Cardoza, sin embargo, indicó que él lo único que solicitó fue que se repararan los sanitarios de ese rancho de playa, pero no la construcción de dos casas.

Quienes no creyeron a la diputada Peña que se trataba de una noticia “falsa” fueron algunos diputados del grupo parlamentario de ARENA que no pertenecen a la junta directiva. “Hay quienes no entienden de prioridades y siguen despilfarrando”, dijo el diputado Ernesto Muyshondt. Su colega Ricardo Velásquez Parker lo secundó: “Es que son sinvergüenzas y groseros algunos colegas. No tiene justificación”.

La agenda de la sesión de la junta directiva del miércoles pasado, comentó Ana Vilma de Escobar, también contenía una nueva licitación por $180,000 para más servicios de alimentación, para diputados de comisiones que suelen tomar almuerzos como la comisión política y la misma junta directiva, aparte de otras comisiones que los solicitan eventualmente.

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