Confirman embargo a otras 2 propiedades de Cardoza

El diputado aseguró que no ha recibido ningún citatorio de la Cámara Segunda de lo Civil e insistió en que su caso es “político”.
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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador confirmó el embargo a otras dos propiedades del diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN) por Chalatenango Reynaldo López Cardoza, procesado en esa sede judicial por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la unidad de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM), la cámara recibió la inscripción de las anotaciones preventivas sobre dos propiedades, de parte del Centro Nacional de Registros (CNR). Las propiedades, según el CJIM, están ubicadas en el municipio de Dulce Nombre de María (Chalatenango); y en el condominio Lake Side, etapa I, en Planes de la Laguna, en el municipio de Santa Ana (Santa Ana).

Desde octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el diputado, luego de que un análisis especial de la Sección de Probidad supuestamente detectó que el funcionario no logró justificar ingresos por cerca de $1 millón.

La CSJ remitió el caso a la Cámara Segunda de lo Civil que empezó a tramitar el caso y dio por válidas las diligencias iniciales de la Sección de Probidad y escritos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Consultado ayer al respecto, López Cardoza manifestó que ya había presentado pruebas de descargo para justificar sus ingresos. “Para que vea que es un tema político, y lo que quieren es que yo no participe en las próximas elecciones en Chalatenango”, dijo.

Según el CJIM, hasta ayer, los abogados de López Cardoza habían presentado 23 elementos de descargo a la Cámara Segunda de lo Civil. Pero han pedido auxilio a esa sede judicial para que le ayude a tramitar otra documentación.

La cámara, según el CJIM, dio ayer un plazo de cinco días hábiles, contados desde ayer, a los abogados Manuel Edgardo Acosta Oertel y Manuel Cruz Azucena, defensores de López Cardoza, para que justifiquen por qué ellos no pueden tramitar la obtención de los documentos y, por ende, necesitan de la cámara.

Si los abogados no solventan tales dudas dentro de los cinco días, la cámara estipuló que iniciarían a correr 20 días hábiles para la instalación de la audiencia contra el diputado. No obstante, si Acosta Oertel y Cruz Azucena justifican su impedimento para obtener los documentos, la cámara esperará hasta que los escritos sean tramitados y anexados al proceso.

López Cardoza fue el primer funcionario en ser acusado formalmente de enriquecimiento ilícito. Pocas semanas después, la CSJ ordenó otro juicio civil para el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa, por, supuestamente, no poder justificar cerca de $600,000 de incremento en su patrimonio.

La Sección de Probidad tiene bajo análisis, además, las declaraciones patrimoniales de alrededor de 30 funcionarios y exfuncionarios con supuestas irregularidades en sus reportes.

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