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Confirman prisión contra exfuncionarios del FMLN

El juez desechó los argumentos presentados por la defensa de los imputados y sostiene que la prisión preventiva es necesaria. Fallo también dice que la PNC debía gestionar un lugar para detención.

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Apelación. Defensores tienen cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal.

Apelación. Defensores tienen cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal.

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Inconsistencias, deficiencias, vicios legales y otros señalamientos fueron expuestos ayer por parte de los abogados defensores sobre la resolución que entregó el Juzgado Segundo de Paz en el proceso que enfrentan diez exfuncionarios del Gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Cinco de ellos deberán seguir el proceso en prisión y son la exministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores; el exdiputado Calixto Mejía; y el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

El juez del referido juzgado desechó todos los argumentos presentados por los abogados defensores, entre ellos la posibilidad de que guarden prisión preventiva fuera de la cárcel.

Una de las inconsistencias que ha sido cuestionada es que, a juicio de los defensores, el juez solamente "copió y pegó" información presentada por Fiscalía en el requerimiento inicial de acusación.

"La resolución tiene inconsistencias. Yo defiendo a una persona que no está en prisión, pero también hay serias deficiencias y con relación a la medida de las personas a las que se les decretó la prisión lo que yo puedo ver es que también presentan unas profundas debilidades", dijo Pedro Cruz, abogado defensor del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.

"Hay muchos, si no la mayoría de tramos de la resolución, que son una copia y pega del requerimiento de la Fiscalía, además de un desprecio hacia los argumentos presentados por los defensores, que fueron muy fuertes y muy válidos y que esperamos hacerlos valer en la apelación", añadió.

El juez también deja constancia en su fallo sobre la decisión de enviar a Cárlos Cáceres, Violeta Menjívar y Erlinda Handal a las bartolinas de Tránsito Terrestre de la PNC, mientras que Calixto Mejía y Hugo Flores fueron enviados a la División de Fronteras.

Acto seguido delega que "ambos jefes de bartolinas" interpongan "sus buenos oficios" para gestionar con la Inspectoría General de Centros Penales un Centro Penal donde los imputados guarden prisión preventiva. Esto pese a que expertos en derecho penal consultados por LA PRENSA GRÁFICA han declarado que los imputados que aún no han sido condenados deben estar en un lugar aparte a los que ya tienen una pena.

Presentarán apelación

Los defensores confirmaron que presentarán un recurso de apelación ante el Juzgado Segundo de Paz para que este la remita ante la Cámara Segunda de lo Penal de la primera sección del Centro para que analicen los fundamentos planteados por el juez y los argumentos de la defensa.

"Lo que esperamos con la apelación es que se pueda revertir y subsanar este grave yerro que ha cometido el juez de paz con el tipo de resolución que emitió. Está completamente lejana de los criterios jurídicos y lejana de los derechos humanos de las personas procesadas", dijo Cruz.

Cuestionaron además que uno de los fundamentos para decretar la detención provisional fue que los imputados cuentan con una "buena capacidad económica" y "su calidad de exfuncionarios". "Se puede ver que son personas enfermas y de la tercera edad, es risible que se hable de peligro de fuga", cuestionó un defensor. El juez también fundamentó su decisión en la "alarma social" y en la "reacción y repulsa que ha producido en la sociedad este tipo de hechos".

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