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Conflicto por adendas de Probidad de Nayib Bukele

Corte Plena desobedeció una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y reserva información ligada al Ejecutivo.

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Información. Lo solicitado se refiere al período de Bukele como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

Información. Lo solicitado se refiere al período de Bukele como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como reservadas las adendas a los exámenes patrimoniales de Nayib Bukele correspondientes a su período como alcalde de Nuevo Cuscatlán y con ello desobedeció una resolución definitiva del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que le ordenaba entregar una versión pública de lo solicitado por la ciudadana y periodista Jéssica Ávalos.

La decisión de la Corte Plena de la CSJ crea un conflicto entre el Órgano Judicial y el IAIP, además de violentar el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y generar un mal precedente en temas de transparencia, según Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador.

Con 12 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Corte determinó el lunes de esta semana que no pueden dar cumplimiento a la resolución del IAIP porque la información solicitada por Ávalos es información reservada, ya que las adendas hechas a los exámenes patrimoniales de Bukele por Probidad contienen información personal.

“El problema de las versiones públicas es que siempre van datos confidenciales que no pueden revelarse, como información bancaria, información registral y montos de dinero. El artículo 6 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito nos faculta a reservar este tipo de información”, explicó el magistrado Óscar López Jerez, quien fue uno de los que voto a favor de negar el acceso a las adendas.

La demandante, Jéssica Ávalos, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que ella imaginó desde julio que la Corte intentaría revertir la situación y por eso no le sorprende. “Con lo que acaba de pasar los magistrados están confirmando que no están dispuestos a transparentar como toman sus decisiones, porque lo que está en juego es la entrega de informes técnicos que nos demuestren cómo es que ellos deciden exonerar a alguien por enriquecimiento ilícito y esto ya era una decisión tomada, que ya está en firme y que no puede alterar el resultado”, expuso.

Para Wilson Sandoval, de ALAC, la Corte Plena asumió una posición que le favorece a todos los funcionarios públicos que enfrentan exámenes patrimoniales y no a la ciudadanía. “La Corte podría entregar versiones públicas, pero pareciera que no hay ningún esfuerzo por querer hacerlo”, analizó.

El magistrado  López Jerez dijo que la Corte no está en contra de la transparencia, pero que hay límites de ley. Pidió al IAIP que “actúe con más responsabilidad” en sus resoluciones.
“No sé por qué las autoridades (IAIP) alegaron eso (entrega de la información) si existen tantas disposiciones legales que nos impiden entregarlas (las adendas)”,  externó. El IAIP aún no se pronuncia al respecto.

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