Congelan cuenta y bienes de Pacific Rim

La CSJ avaló el congelamiento de nueve inmuebles, siete carros y $198,904 en una cuenta asociada con la empresa minera en el país.
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó las diligencias solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) para que la empresa minera Pacific Rim pague los $8 millones que debe al Estado salvadoreño, tal como lo ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en octubre del año pasado.

La fiscalía informó sobre la inmovilización de nueve inmuebles propiedad de la empresa minera, ubicados en San Isidro, Cabañas, además del congelamiento de siete vehículos: una camioneta 2006, un pick up 2006, un vehículo tipo sedán 2006 y un pick up 2005. La Corte también aprobó el congelamiento de $198,904 en una cuenta bancaria asociada con la empresa minera en el país.

Pacific Rim, que fue comprada por la empresa Oceana Gold, deberá incluir en su pago los intereses por el retraso en la cancelación, los cuales podrían rondar entre el 2% y el 5%, según divulgó la fiscalía días atrás en un comunicado.

Los magistrados resolvieron así concederle el permiso a la FGR para la ejecución del laudo arbitral en contra de la empresa dedicada a la minería.

El proceso

En 2002, la empresa Pac Rim Cayman LLC compró derechos de explotación en el Proyecto El Dorado, ubicado en San Isidro, Cabañas.

Dos años después, en diciembre de 2004, la empresa Pac Rim Cayman LLC, a través de unas de las sociedades constituidas en el país denominada Pacific Rim, solicitó al Estado salvadoreño un permiso ambiental y la concesión del territorio para poder iniciar la explotación minera en el departamento de Cabañas; sin embargo, según la fiscalía, la sociedad nunca pudo acreditar los requisitos mínimos para iniciar las excavaciones en la zona.

Tras la negativa del Gobierno salvadoreño, las empresas iniciaron un proceso ante el CIADI, con sede en Estados Unidos, en el que demandaron al Estado de El Salvador por $250 millones.

Luego del fallo desfavorable para la empresa, esta apeló la decisión del CIADI, la cual fue ratificada recientemente por dicho tribunal.

La empresa minera reiteró durante el proceso en el CIADI que podían llegar a una negociación bilateral con el Gobierno salvadoreño, bajo el argumento de que es posible una forma “sana” de minería metálica en el país; sin embargo el Estado de El Salvador nunca cedió ante los llamados de la transnacional.

Habitantes del departamento de Cabañas y activistas denunciaron en reiteradas ocasiones que la empresa minera intentó comprar voluntades de líderes comunales para iniciar las excavaciones.

En marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohíbe definitivamente la minería metálica en el país.
 

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