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Constructora se desliga de sanción por edificio judicial

Asegura que la planta eléctrica en la nueva sede judicial de Santa Tecla es responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
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La empresa constructora Inversiones OMNI S. A. de C. V. se pronunció ayer por el proceso sancionatorio que ha iniciado la Alcaldía de Santa Tecla en su contra, por el ruido excesivo que genera una planta eléctrica de emergencia, que fue colocada en el nuevo edificio judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese municipio. Ese ruido, además del humo y vibraciones que ocasiona, afecta a las personas que viven en el pasaje Las Veraneras de la residencial Primavera.

La empresa dijo a este periódico que espera que la alcaldía no imponga ninguna sanción en su contra al finalizar el proceso sancionatorio, ya que el dueño de la obra es la CSJ y por lo tanto es la que debe responder por los inconvenientes que provoca la planta eléctrica, la cual se activa cuando la energía se va.

La empresa asegura que fue contratada por la CSJ solamente para ejecutar el proyecto, de acuerdo con el diseño que ya estaba hecho. Según la empresa, eso la exonera de cualquier responsabilidad relacionada con los inconvenientes que genera la planta.

“La responsabilidad de OMNI era ejecutar las obras según estaban descritas y detalladas en los planos. Entre esas estaba la planta eléctrica de emergencia en cuestión (...), el 9 de mayo del corriente año el propietario (CSJ) emitió un acta de recepción definitiva, en la que se mostraba conforme con la ejecución del proyecto”, dijo el representante legal de OMNI, José Roberto Dada.

El representante de la constructora agregó que OMNI no puede hacer nada para reducir el ruido, ya que la obra fue entregada y la planta será utilizada solamente por la Corte Suprema. “No solo no pudo ni puede a futuro cometer infracción y ser objeto de sanción, ya que es al propietario a quien le correspondería realizar el acondicionamiento de la planta, si fuere necesario, factible y procedente, ya que no debe olvidarse que se trata de una planta que es de uso eventual y no permanente”, se pronunció Dada.

El edificio judicial costó $29 millones y, ante este inconveniente, la Corte Suprema aún no tiene fecha para inaugurarlo.

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