Continúa polémica por demanda inconstitucionalidad a Ley de Probidad

Equipo gestor ve inminente la inconstitucionalidad de la ley.
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Continúa polémica por demanda inconstitucionalidad a Ley de Probidad

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Miembros del equipo gestor de la Ley de Probidad analizaron esta mañana la situación de la ley aprobada y sancionada en diciembre; y que sus efectos han sido suspendidos tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad.
 
Según Roberto Rubio, presidente de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), existe una clara violación en la aprobación de la ley de probidad. "Nos preocupa la medida hecha a escondidas", declaró sobre la sanción rápida realizada por Salvador Sánchez Cerén.
 
Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresó que "nos preocupa que la nueva Ley de Probidad salió peor que la de 1959".
 
Por su parte, Roberto Rivera, presidente de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) manifestó que "vemos casos de funcionarios que tienen contratos con algunas empresas y ganan por parte del Estado (…) el país no necesita medio político empresario, ni empresario medio político", sobre los puntos débiles encontrados en la ley.
 
Las declaraciones del equipo gestor fueron brindadas en la entrevista matutina Frente a Frente.
 
Rubio aseguró que "los diputados que votaron por esta ley  han puesto en aprietos al mismo gobierno" debido a que genera resistencia para el combate a la corrupción e impunidad.
 
Por su parte, Argueta dijo que la declaratoria de inconstitucionalidad es inminente por parte de la Sala de lo Constitucional, “esto es como lo de los $900 millones”, expresó al asegurar que la aprobación de ambas medidas transgreden las leyes. Según el representante de la ANEP, los diputados no deben esperar resolución de la sala para saber que la Ley de Probidad es inconstitucional.
 
Ante el rechazo de la nueva ley, Rivera agregó que no se puede acusar al equipo gestor de no querer investigar casos de enriquecimiento en administraciones anteriores cuando es la ISD parte querellante en el proceso judicial en contra de Francisco Flores, acusado del desvío de los donativos de Taiwán.
 
Al mismo tiempo, los diputados Jackeline Rivera, del FMLN y Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, hablaron sobre la situación de la ley en la entrevista “República SV”. Según Velásquez Parker, se debería “tener la capacidad de generar una Ley de Probidad que respete tratados internacionales”, al considerarse que la ley entra en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la corrupción, uno de los vacíos encontrados.
 
Para el diputado, la ley de enriquecimiento ilícito de 1959 es obsoleta y permite que el funcionario “se burle de la ciudadanía”, por lo que la califica de un retroceso.
 
Por su parte la diputada Rivera defendió la ley y afirmó que esta busca que un servidor público que se haya enriquecido deba responder, al ser “conectada” la ley de probidad con la de extinción de dominio. Por esa razón, la parlamentaria considera que existe un temor por parte de los detractores de la ley para que se investiguen distintos casos.

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