Continúa proceso contra acusados de fraude electoral

Militantes del FMLN inscritos en Sonsonate y Chalatenango votaron en la capital con credenciales falsas, según la FGR.
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El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó ayer que 26 personas, capturadas con credenciales de vigilantes de juntas receptoras de Votos (JRV) falsificadas, pasen a la etapa de Instrucción, acusadas de fraude electoral durante las elecciones de este año.

Estas forman parte de un grupo de 127 personas que la Fiscalía General de la República (FGR) detectó cuando usaron documentos supuestamente falsificados, que les permitían votar en las JRV a las que habían sido asignados y no en sus centros de votación correspondientes, según sus domicilios. Sin embargo, solo estos 26 fueron capturados.

La mayoría de los imputados residen en Sonsonate y Chalatenango. Esta modalidad fue detectada en, al menos, cinco centros de votación en San Salvador.

Según la FGR, Vladimir Avelar Baiza –uno de los imputados– decomisó el documento que acreditaba a Marina Erlinda Hernández Córdova como jefa de centro de votación, por parte del partido Democracia Salvadoreña (DS), en el Centro Escolar Concha viuda de Escalón de San Salvador. Avelar tenía un chaleco del FMLN, según Hernández. En los decomisos, según la FGR, también se les encontraron camisas con distintivos del FMLN a otros de los acusados.

La Fiscalía afirma que el documento de Hernández se le encontró a Avelar en una revisión que investigadores policiales le hicieron el día de las elecciones en horas de la mañana.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía amplió la acusación contra Avelar y Samuel de León Mendoza, por los delitos de falsedad material, por presuntamente entregar las credenciales falsas, y por uso y tenencia de documentos falsos.

Rigoberto Ortiz, representante legal de DS, denunció a fiscales que él nunca había firmado las credenciales que se les decomisaron a los acusados. Los documentos, según la entrevista que Ortiz brindó a la Fiscalía, fueron escaneados y tenían espacios en blanco que no aparecen en las credenciales originales del partido DS.

Una de las señales que alertó a Ortiz fue que los capturados portaban camisas del DS distintas a la del resto de representantes de ese partido, según su declaración.

Los defensores alegaron que no hay pruebas de que los imputados sabían si los documentos que portaban eran falsos, algo que, además, todavía no se ha certificado. El laboratorio técnico de la Policía trabaja actualmente en una experticia sobre las credenciales.

Los imputados conservarán su libertad durante el proceso. El único requisito que la jueza les impuso es no cambiarse del domicilio que reportaron al juzgado.

Los defensores también objetaron que la Fiscalía no haya probado si los imputados votaron dos veces. Sin embargo, la jueza acreditó la existencia de delitos de fraude electoral y la posible participación de los imputados.

“A nosotros nos utilizaron y no le debemos nada a nadie”, consintió uno de los acusados. Esta versión fue sostenida por varios de los abogados defensores.

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