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Continúan las revelaciones de despilfarro en instituciones

Asamblea Legislativa, CEPA, ANDA, PNC y más instituciones del Estado han sido salpicadas por casos de abuso en los gastos discrecionales que hacen sus titulares.
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Es una tendencia de abuso de fondos públicos en las instituciones gubernamentales: la extensión de vales de gasolina a directivos y coordinadores de grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, cuando dentro de los salarios ya se incluyen gastos de transporte para comprar combustible; gastos discrecionales en licores y comidas suntuosas en CEPA; gastos por más de $23,700 de una delegación de cinco directores de la ANDA que se fueron a un viaje a China; la decisión de un exdirector de la PNC de adjudicar la compra de 1,426 pistolas de una marca no adecuada para el trabajo de la policía, cuando había una oferta más barata y con una mejor marca de pistolas.

Los argumentos de “legalidad” que esgrimen los funcionarios públicos sobre las decisiones y gastos, que hacen con dineros que provienen de los impuestos de la población, no justifican que estas discreciones sean contrarias al bien común, ni tampoco que muchos de estos gastos satisfagan intereses personales y no institucionales, así lo considera Roberto Burgos, miembro de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). “La discrecionalidad en el uso de los fondos públicos ha sido una constante en las instituciones oficiales en El Salvador y todos los casos que desde hace algún tiempo ha estado revelando LA PRENSA GRÁFICA denotan un denominador común: la discrecionalidad excesiva y no regulada en el uso de los presupuestos del Estado”, dijo.

Burgos recordó que este tipo de abusos con dineros públicos, aunque sean legales como lo defienden quienes los cometen, “van en contra del interés público y en contra del principio de eficiencia de las instituciones, que ya incluye el artículo 4 de la Ley de Ética Gubernamental”. “Esta situación tiene que revertirse con carácter urgente”, manifestó Burgos.

El director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, dijo ayer que estos usos discrecionales y excesivos que hacen los titulares de las instituciones públicas con fondos que provienen de los impuestos se deben a la falta de controles y de regulación sobre las actuaciones de estos. Rubio reflexionó que estas prácticas no son nuevas y que, en efecto, provienen de gobiernos anteriores y no se han detenido.

“La Corte de Cuentas no ha hecho su tarea. La Corte de Cuentas ha sido más bien, históricamente, una institución donde hay sospechas de encubrimiento”, dijo Rubio.

El director ejecutivo de FUNDE indicó que también la legislación actual contribuye a que los funcionarios públicos se gasten sin regulación los dineros de la población y por ello es común que todos los titulares cuestionados acudan al discurso de la “legalidad”, cuando en realidad sus actos no necesariamente gozan de “legitimidad” ni “bien común”.

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