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Contrato CEL-Enel tiene manejo político

Consideran que el caso se está utilizando para la campaña presidencial.
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Los analistas que participaron en el Foro Políticos de LA PRENSA GRÁFICA consideran que el contrato entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa Enel ha sido politizado y se está utilizando con fines electorales, como otros casos que salen a la luz durante las épocas de campañas electorales.

“Creo que el tema de CEL debería de estudiarse buscando la verdad para poder hacer justicia. Pero eso implica todo el proceso en el que se ha manejado esta institución, que implica los cuatro gobiernos de ARENA y el actual gobierno, que ha participado de laguna manera en esto”, sostuvo Jorge Villacorta, analista político.

La Fiscalía General de la República ha señalado de peculado a exfuncionarios de la administración del arenero Francisco Flores, por mencionado contrato.

Para Villacorta, en ese caso se está utilizando la institucionalidad del país; específicamente la Fiscalía, que a juicio de Villacorta puede salir complicada, porque después de haber hecho afirmaciones “tan graves y de haber levantado una serie de luces artificiales, puede caer, porque están apareciendo elementos legales que están disminuyendo esa fanfarria que se utilizó, y se está llegando a limitar que es un problema civil, no penal”.

Rodrigo Simán Siri, vicepresidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), también consideró que el presidente de la República, Mauricio Funes, presionó a la Fiscalía para revelar “algunos aspectos de corrupción, cuando hay muchos años que investigar en cuanto a CEL y Enel”. “El problema viene desde el señor presidente, que no asume su rol de estar al margen de todo esto y es el principal activista político y manoseando la Fiscalía”, sostuvo Simán.

Villacorta citó, por ejemplo, que en períodos electorales anteriores se acusó al líder arenero Roberto d'Aubuisson de haber ordenado el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y al PDC. “Al final, ni llega a investigación ni llega a resultados; y, peor aún, tampoco se llega a la verdad. Entonces, la ciudadanía va como perdiéndole sentido a estas cosas y es evidente que terminan siendo usados como instrumentos de campaña”, dijo Villacorta.

Por ello, los analistas consideraron que la institucionalidad del país siempre estará en riesgo ya que está al servicio del partido político que administra el Estado, no al servicio de la ciudadanía.

“En El Salvador no está funcionando la institucionalidad”, valoró Simán.

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