Control de pandillas obliga a TSE a reubicar centros de votación

Los magistrados analizan la distribución de los centros de votación según la zona donde operan las pandillas, para garantizar el voto residencial en 2018.
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El control que ejercen las pandillas en caseríos, cantones, comunidades, barrios y colonias ha obligado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a sectorizar la distribución de los centros de votación según la zona donde operan, para garantizar el voto residencial en las elecciones de 2018.

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El magistrado Miguel Ángel Cardoza confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que los equipos de cartografía electoral se encuentran en la etapa de verificar la colocación de los centros de votación de acuerdo con las fronteras que han impuesto las pandillas rivales en todo el territorio.

“La comunidad siempre tiene un centro de votación, pero puede ser que una comunidad que está fronteriza prefiere ir a votar a otro lugar, porque puede ser que la gente diga que está más cercana a una pandilla y mejor irá a votar a otro lado. Hay un mapa sectorizado”, dijo el magistrado Cardoza.

El TSE enfrentó el problema de la inseguridad que imponen las pandillas desde la elección de 2014, cuando inició oficialmente el proyecto de ubicar las urnas más cerca de los lugares de residencia de los votantes en los 262 municipios del país.

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El plan, conocido como voto residencial, inició con su primera etapa en las elecciones municipales y legislativas de 2012, cuando fueron 185 municipios los que gozaron de ese beneficio; pero para 2014 decidieron ampliarlo a todo el país.

Sin embargo, el reajuste en el presupuesto para la elección del próximo año, que pasó de $39.9 millones que había solicitado a $25.8 millones que fueron aprobados, agudizó la sectorización de los centros de votación.

Julio Olivo, magistrado presidente del TSE, dijo ayer que para las elecciones municipales y legislativas de 2018, que están programadas para el 4 de marzo, han estimado que habrá 9,497 juntas receptoras de Votos distribuidas en 1,595 centros de votación.

Cardoza señaló que están en la etapa en que le buscan una solución a escala comunitaria cuando aparecen esos problemas de seguridad. Parte de esa solución pasa por buscar el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC): “Hay que ver qué solución le damos, si movemos el centro de votación o si la PNC nos da la seguridad de que la gente va a poder votar”, dijo.

Pero en caso de no lograr coincidencia sobre la ubicación del centro de votación con la comunidad y con la Policía “se eleva a la comisión de seguridad que dirige el presidente del TSE, donde se le debe buscar una salida”, agregó el magistrado Cardoza.

La modificación de la distribución territorial hecha por el TSE debido al control de las pandillas fue uno de los argumentos que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) utilizó al declarar a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 organizaciones terroristas.

Además, el artículo 295 del Código Penal contiene un apartado donde establece que se castigará con pena de prisión de cuatro a seis años al que por cualquier medio impida u obstaculice la elaboración del registro electoral o el libre ejercicio del voto.
 

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