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Controversia por armar a la ciudadanía

Gobierno evalúa la posibilidad de otorgar armas de fuego a civiles que estén en los comités ciudadanos de seguridad. El anuncio ha creado controversia por el riesgo social de que haya personas armadas.
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El Gobierno estudia la posibilidad de entregar armas de fuego a los civiles que integren los comités ciudadanos de defensa, una propuesta que se plantea para que los vecinos de las comunidades tengan autoridad para mantener seguros los lugares donde residen. El anuncio sobre la evaluación de entregar armas de fuego a ciudadanos lo hizo ayer el secretario de Comunicaciones presidencial, Eugenio Chicas.

Chicas, al abordar el tema, habló de cómo en los 100 municipios con menores índices de delincuencia en El Salvador podrían implementarse, primero, los comités ciudadanos de seguridad, y luego indicó que como Gobierno se evalúa la posibilidad de que a las personas que integren estos comités se les pueda brindar armas de fuego.

“En aquellos, más o menos, 100 municipios donde la criminalidad es muy baja, es necesario establecer un cordón sanitario, una barrera que no permita que estos criminales de pandillas que están siendo perseguidos y acosados en las grandes ciudades se desplacen y nos contaminen la ruralidad en estos 100 municipios donde la criminalidad es muy baja”, dijo Chicas. Y añadió que se podría analizar que con una iniciativa de ley se establezca que el Estado pueda dotar de armas de fuego a estos “grupos cívicos”.

“Hay que discutirlo”, sentenció.

La noticia creó controversia ayer entre políticos, principalmente entre los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa, quienes fueron tomados por sorpresa con las declaraciones que emitió Chicas por la mañana.

El diputado relator de la comisión de seguridad, Rodrigo Ávila, del partido ARENA, comentó que hay un gran riesgo de entregar no solo autoridad, sino también armas de fuego a civiles, ya que, aseguró, se debe constatar antes que las personas en quienes se depositará autoridad y armas deben tener perfiles de capacidad para manejo de armas de fuego y no tener antecedentes penales (Chicas también señaló que ese sería un requisito para formar parte de los comités). Sin embargo, el legislador mantuvo sus dudas sobre el beneficio que podría traer a la población la facultad de armarse contra la delincuencia.

Para Ávila, su objeción radica en que cabe la posibilidad de que el Estado pueda llevar a la sociedad a una confrontación directa con la delincuencia y las pandillas, cuando no le corresponde a la sociedad hacerlo, sino a la autoridad competente, como la Policía Nacional Civil.

No hay acuerdo sobre comités

El presidente de la comisión de seguridad del congreso, el diputado Antonio Almendáriz, del PCN, dijo ayer que no existe aún nada en firme sobre comités ciudadanos de seguridad.

“En eso no se ha llegado a ninguna conclusión. Toda la comisión (de Seguridad), junto con el equipo de asesores del señor vicepresidente, estamos elaborando eso con el sumo cuidado (...) de que esto no se vuelva un grupo de vigilantes que quieran tomarse la justicia por sus manos o que crean que porque ya están organizados, si tienen el respaldo y el apoyo del Gobierno, se convertirán en otra cosa que no sea garantía para la misma población y en contra de la delincuencia”, dijo el diputado Almendáriz.

Precisamente sobre posibles atribuciones que podrían tener estos comités de defensa, el vocal de la comisión de seguridad Guillermo Gallegos, diputado por GANA, introdujo ayer al congreso sus iniciativas de reformas de ley y creación de lo que él llama el “cuerpo de defensas comunales”.

Las atribuciones que Gallegos busca darles a estos grupos de civiles son “portar de manera permanente sus armas en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de los vecinos y sus bienes, conforme a la autorización de la PNC; defenderse legítimamente de grupos terroristas cuando estos pongan en peligro sus vidas, la comunidad y sus bienes, sin ninguna responsabilidad penal alguna; y decidir quién entra, quién sale y quién puede habitar dentro de sus comunidades, dando aviso a la PNC para que realice actos de investigación, órdenes de allanamiento, detenciones y expulsen a miembros de grupos terroristas”.

Las propuestas de este diputado de GANA se conocerán en el pleno de diputados mañana.

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