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Convenio entre El Salvador y Nicaragua podría facilitar extradición de expresidente Funes

Diputada de ARENA solicitó a la Asamblea que lo ratifique para que si la Fiscalía solicita la extradición del expresidente pueda hacer uso de esta herramienta. Nicaragua, a petición del presidente Ortega, ratificó hace unos años el tratado.
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El Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada podría ser la herramienta legal que facilite la extradición de la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de solicitarla para que el expresidente de la república, Mauricio Funes, regrese a territorio nacional a enfrentar el proceso que se le ha abierto por el caso “Saqueo Público”.

Así lo aseguró la diputada de ARENA, Karla Hernández, quien presentó esta mañana un recomendable para que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa ratifique a la brevedad el tratado.

“Lo único que falta es que lo ratifique El Salvador y habiéndolo ratificado Nicaragua se cumple con el principio de reciprocidad que establece la Constitución de la República en el artículo 48 donde se habla de los procesos de extradición”, declaró la diputada luego de decir que el Estado de Nicaragua, a petición del presidente Daniel Ortega, ratificó el convenio suscrito en 2011.

El fiscal general, Douglas Meléndez, afirmó en la entrevista Frente a Frente que van a “solicitar a la Interpol la orden internacional de captura y extradición del ex presidente Mauricio Funes”.

El expresidente Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016 y la semana pasada la FGR dio detalles sobre el caso en el cual se le señala de haber liderado una red “sofisticada” que lavó más de $351 millones de fondos públicos mientras fue presidente. Además de él, están implicados su exparejas sentimentales, exfuncionarios, el empresario Miguel Menéndez conocido como “Mecafé” y otros individuos.

La firma del tratado se dio en 2005 entre los países de El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice pues las naciones firmantes “detectaron que era bien fácil la conectividad de grupos delincuenciales en nuestros países, además de que contamos con fronteras frágiles y aduanas frágiles para poder detener la fácil circulación de grupos delincuenciales. Los países no querían que los Estados firmantes se convirtieran en guaridas de delincuentes que quieren evadir la justicia en sus países”, dijo la diputada Hernández.

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