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Coronavirus en El Salvador: régimen de excepción queda sin vigencia

Falta de acuerdo entre el Gobierno y los diputados imposibilitó prorrogar la restricción a tres garantías constitucionales. El Gobierno culpa a diputados de proteger intereses. Hoy hay reunión de alto nivel en la A. L.

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Mario Ponce, Presidente de la Asamblea Legislativa

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A partir de las 0:00 horas de hoy quedó sin vigencia el régimen de excepción con el que se establecieron restricciones a tres garantías constitucionales: la del libre tránsito, la de no ser obligado a cambiar de domicilio y la de reunirse de forma pacífica para objetivos lícitos.

Para los diputados de la Asamblea Legislativa y el Gobierno fue imposible lograr un acuerdo antes de que el Decreto Legislativo Nº 611, a través del que se había prolongado durante quince días más la restricción, quedara sin vigencia.

Durante el fin de semana, el presidente del Parlamento, Mario Ponce, manejó la posibilidad de que el domingo los diputados aprobaran una prórroga para la declaratoria de emergencia y ayer la del régimen de excepción.

Sin embargo, la sesión plenaria extraordinaria que ocurrió el domingo terminó sin luces de que se tuviera un acuerdo para prorrogar las restricciones, de hecho, se logró una temporal para continuar con la declaratoria de emergencia únicamente durante cuatro días más.

Fue el mismo Ponce quien ayer en la mañana confirmó que ARENA continuaba sin flexibilizar de postura.

"Repito, no es responsabilidad ni del PCN, ni de GANA, ni de (Juan José) Martel, ni del diputado Leonardo Bonilla, ya es una responsabilidad del resto de partidos que no quisieron acompañar", declaró Ponce.

El acompañamiento íntegro de la fracción de ARENA resulta indispensable para que las restricciones constitucionales continúen por más tiempo.

De los 84 diputados en la Asamblea, 37 son de ARENA y 23 del FMLN, son las dos fracciones que más legisladores tienen. Para prorrogar el régimen de excepción se ocupa que 56 diputados voten a favor.

La fracción del FMLN, desde la primera vez que se aprobaron las restricciones en el marco de la pandemia por el covid-19, fijó que no iban a votar por esa propuesta. A juicio del partido de izquierda, todas las herramientas que el Gobierno requiere para contener la crisis se las habilita la declaratoria de emergencia.

Con el anterior panorama, los 37 votos de ARENA se ocupan para alcanzar los 56 votos mínimos requeridos ya que los diputados de GANA, del CD, del PCN, la No Partidaria y un diputado del PDC logran solo 22 votos.

El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, defendió que la postura que está tomando el partido se debe a que el Gobierno, amparado en la restricción de tres garantías constitucionales, ha cometido abusos contra la población.

"No podemos dar poderes de excepción al poder que abusa de él, que comete arbitrariedades, no podemos darle ningún grado de excepciones", afirmó el diputado tricolor.

El Gobierno mandó a la Asamblea la petición para que le aprobaran una nueva ley de restricción de derechos constitucionales concretos. En ella indicaban que la medida se debía tomar para un período de 30 días.

El país ya tuvo 30 días de régimen de excepción que se avalaron para períodos de 15 días cada uno y a través de diferentes Decretos Legislativos.

De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la República, "el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de los 30 días" y "podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto".

Debido a que los diputados ni siquiera entraron a discutir la propuesta del Gobierno, el asesor de la Presidencia, Javier Argueta, culpó a ARENA.

"Lo tengo que decir el partido ARENA ni quiso discutir el tema de restricción, obviamente no está en línea con la política de combate al virus, no sé cuál es el interés pero ni siquiera se quiso discutir la ley de restricción", dijo Argueta y añadió que las medidas preventivas continúan amparadas en el Código de Salud y la declaratoria de emergencia.

Ponce, por su parte, convocó para hoy a las 10:00 A.M. a reunión de alto nivel entre funcionarios de Gobierno y diputados.

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