Coronel se aferra a cargo para gozar de inmunidad por torturas

La titular del Juzgado Especializado de Instrucción B decidirá hoy si continúa el proceso contra tres militares de alto rango por supuestamente planificar un asesinato e intentar sobornar a jueces.
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La defensa del coronel Héctor Solano Cáceres le dijo ayer a la titular del Juzgado Especializado de Instrucción B que el militar de alto rango tiene inmunidad diplomática por ser agregado militar en Honduras, por lo que no puede procesarlo por la acusación que le hace la Fiscalía de encubrir a ocho militares que torturaron a dos jóvenes en Ahuachapán, en junio de 2016.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Solano Cáceres, al coronel David Iglesias Montalvo y el teniente Leonel Ascencio Sermeño de planificar un asesinato, intentar sobornar a jueces y coaccionar a los dos jóvenes para que no declararan contra los ocho militares que los torturaron, quienes fueron condenados a 14 años de prisión en marzo de 2017.

El caso inició en junio de 2016 por la noche, cuando los ocho militares privaron de libertad a dos jóvenes porque los acusaron de introducirse a la casa de un coronel, ubicada en Apaneca, para robarle un arma de fuego. Los militares, según logró certificar la Fiscalía, torturaron durante tres horas a los dos jóvenes hasta que la Policía los encontró por una denuncia de los familiares.

La Fiscalía acusa los tres militares de alto rango de entorpecer ese proceso para evitar la condena. Además, acusa a cuatro abogados: Rey Joaquín Nóchez Peña, Martín Oswaldo Romero, Francisco Oquely Aguirre y Víctor Manuel Melgar, alias “Pitinga”, quien guarda prisión por otro caso en el que está acusado de sobornar para favorecer a procesados.

También están vinculadas a los militares de alto rango dos empleadas judiciales: Sara Albertina Villeda, quien era secretaria del juzgado de Izalco, y Leila Morena, exempleada del Juzgado de San Francisco Menéndez.

Además, la Fiscalía acusa por este mismo caso al fiscal Miguel Ángel Pérez Puentes y al policía Santos Agustín Esteban Rosales, destacado en Apaneca.

La jueza decidió ayer suspender la audiencia en la que decidiría si los imputados son enviados a prisión preventiva por la petición de la defensa de Solano Cáceres.

“La jueza envió a receso la audiencia porque Cancillería debe informar la calidad del cargo del coronel Solano. Al haber inmunidad, la jueza debe enviar el caso a la Asamblea y esta debe decidir”, aclaró Manuel Chacón, abogado de los tres militares.

El fiscal del caso, que pidió reserva de su nombre, aseguró que la ley establece que los únicos que tienen fuero son “un embajador, el jefe de misión y no un agregado militar, porque está bajo la responsabilidad del embajador”.

Más tarde, la FGR publicó en su cuenta de Twitter que “la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático establece en su artículo 3 que la representación diplomática de El Salvador estará a cargo de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, enviados extraordinarios y ministros plenipotenciarios y encargados de negocios”.

La audiencia fue programada para hoy a las 10 de la mañana, la jueza decidirá si continúa con el proceso.

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