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Corte eleva a $6 mill gasto en seguros médicos

Este año, 9,043 empleados del Órgano Judicial gozarán de un seguro médico, que costó $3.9 millones a la CSJ. Este es adicional al seguro que tienen los jueces, magistrados y los 15 miembros de la cúpula judicial.
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) elevó el monto que destinaba al pago de seguros de vida y seguros médicos hospitalarios. Esto debido a que ahora ya no solo jueces y magistrados gozan de esa prestación, sino también el personal administrativo del Órgano Judicial.

La Corte adjudicó $6.1 millones en tres contratos para seguros para 2016: uno por $387,500 para los 15 magistrados de las salas de la Corte Suprema; otro por $1.7 millones para asegurar a los jueces y magistrados de tribunales y cámaras de todo el país; y el tercero, el más cuantioso, por $3.9 millones para asegurar a 9,043 administrativos del Órgano Judicial.

El seguro para la cúpula del máximo tribunal (el de $387,500) es el más completo: incluye un seguro de vida por $45,000 para cada uno de los 15 magistrados, seguro hospitalario y hasta seguro dental. Este fue adjudicado a Scotia Seguros a finales del año pasado. Tiene cobertura mundial y aplica tanto para los magistrados como para sus cónyuges.

Hasta el año pasado, la Corte solo pagaba seguro médico a jueces y magistrados, pero el 14 de abril pasado adjudicó el contrato por $3,964,151 a la aseguradora Vivir, para que todos los empleados judiciales puedan acudir a hospitales privados para consulta externa y hospitalización.

El presidente de la CSJ y del Órgano Judicial, Armando Pineda Navas, cree que el incremento del gasto en seguros está justificado y, a su juicio, no existe contradicción con la política de austeridad que promueve el Ejecutivo.

“Precisamente por eso, porque también todos tienen derecho. Los empleados por igual, y no es la única institución. Nosotros no ampliamos, dentro de la asignación presupuestaria que tenemos, de ahí se ha tomado y consideramos de que era una prestación muy justa y que al igual que tantas instituciones se puede”, declaró Pineda.

Con estas nuevas contrataciones, la Corte se pone a la par de instituciones como la Asamblea Legislativa, que usó $6.5 millones de su presupuesto 2016 para cubrir el seguro médico de 5,439 personas.

La Corte, además de los seguros médicos, ha adjudicado millonarios contratos para asegurar sus vehículos, muebles e inmuebles en todo el país.

“Hicimos las valoraciones y se logró sacar sin aumentar el presupuesto, sin salirnos del 6 % que da la Constitución”, sostuvo Pineda.

otra petición

La Corte, pese a los nuevos seguros, no ha hecho recortes en el gasto que le suponen las clínicas institucionales. Los médicos que trabajan en esas clínicas están en la planilla del Órgano Judicial, aunque trabajan con papelería y extienden incapacidades con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los medicamentos, no obstante, los paga la Corte. De hecho, actualmente ha iniciado el proceso para licitar la compra de medicamentos (antibióticos, amebicidas, antiparasitarios, fungicidas, oftálmicos, antisépticos). Buscan comprar, por ejemplo, 15,384 pastillas para tratar la migraña y 59,900 cápsulas antigripales.

La mesa judicial, integrada por representantes de toda la judicatura, ha llevado una propuesta al pleno de la Corte para extender la prestación del seguro médico e incluir a los familiares de los jueces entre los beneficiarios. “La Constitución dice que los jueces siempre vamos a tener seguro, por lo que siempre se nos ha cubierto a nosotros, pero no a nuestra familia. Hoy, con esta propuesta, uno va escoger si quiere o no inscribir a su familia. La CSJ ha contratado una empresa con la que supuestamente vamos a pagar una cuota baja. Me parece bien porque ya uno decide si optar por esta nueva propuesta”, comentó Mario de León Campos, juez de Instrucción en Sonsonate.

Según un juez de Paz del interior del país, quien pidió no ser identificado, no todos los jueces están interesados en incluir a su familia. “Hay ciertos jueces que dijeron que no van a presentar porque ellos ya están mayores y tienen hijos mayores de 25 años. Incluso creo que el sistema judicial quiere imitar el sistema de seguro que tiene la Fiscalía”, comentó.

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