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Corte IDH da plazo al Estado salvadoreño para responder sobre reformas judiciales

La CIDH quiere saber cómo afectarán al juez y a la investigación sobre la masacre de El Mozote.

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Apoyo.Las organizaciones expusieron que es la Corte IDH la que debe resolver la situación.

Apoyo.Las organizaciones expusieron que es la Corte IDH la que debe resolver la situación.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado salvadoreño informar sobre los impactos que tendrán las reformas aprobadas a la Ley de la Carrera Judicial sobre la investigación de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Tutela Legal "María Julia Hernández" explicaron, ayer en conferencia de prensa, que la petición de la información se da luego de que informaran a la Corte que las reformas, aprobadas y publicadas en el Diario Oficial el 14 de septiembre, representan un obstáculo más en la investigación del caso.

El Estado tenía hasta el viernes 24 de septiembre próximo para remitir un informe actualizado y detallado en el que se refiera a la adopción de dichas reformas. Sin embargo, ante la solicitud, este pidió una prórroga y la Corte IDH le ha dado cuatro días más, que concluirán el 28 de este mes.

Según las organizaciones, las modificaciones a la ley afectan directamente al juez Jorge Guzmán, quien lleva el caso y que sobrepasa los 60 años de edad, y por tal razón estaría obligado a retirarse.

"Lo que nos afecta en esta situación es que se está dañando el proceso que ha venido trabajando el juez. Además, son funcionarios del Ejecutivo los que han denigrado y obstaculizado la investigación que lleva el juez Guzmán. No se puede estar jugando con el pueblo haciendo este tipo de estrategias políticas", denunció el director ejecutivo de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.

Guzmán conoce la causa de la masacre desde hace cinco años y se ha pedido su separación en varias ocasiones, pero no se ha aprobado. Con las reformas, según las organizaciones, se viene a dilatar y a detener este proceso que por muchos años ha costado a las víctimas y que actualmente se encuentra próximo a la etapa de juicio. Asimismo, las reformas contravienen con sentencias que ya habían sido emitidas anteriormente en el proceso.

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