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Corte Suprema de Justicia declara constitucional la ley de varados

Decreto 621 fue declarado inconstitucional por el presidente Bukele aduciendo que hubiera puesto en riesgo la salud de los ciudadanos. 

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Asamblea Legislativa la controversia suscitada por el Decreto Legislativo 621, el cual contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del virus covid-19 se encontraban fuera del país y que fue  aprobado el 1 de abril de 2020, pero   fue vetado por el presidente Nayib Bukele por considerarlo inconstitucional, aunque el 30 de abril, los diputados superaron dicho veto.


La Sala en su fallo expresa que son dos las consideraciones para decretar constitucional el decreto: “la primera es que el texto de la disposición impugnada no genera falsas expectativas a los connacionales, sino que es, más bien, la concreción del derecho fundamental a la libertad de circulación en su manifestación del derecho a ingresar al país. Y la segunda es que la Asamblea Legislativa no se ha autoatribuido la competencia de elaborar, ejecutar y supervisar políticas públicas en el área de salud, la cual es una competencia que corresponde al Órgano Ejecutivo en el ramo de salud”.


Entre los argumentos dados por Bukele a la Sala se encuentra el que la Asamblea Legislativa no conocía la situación de los connacionales en el extranjero y aún así aprobó la disposición con dispensa de trámite se prescindiendo de información solicitada a la Cancillería de la República.

Además Bukele añadió que  si el decreto objetado hubiera entrado en vigencia, hubiese generado problemas de aplicación, debido a que en ese momento se encuentraba en ejecución el “Plan para la repatriación gradual de los salvadoreños que a la fecha aún se encuentren en el exterior, y que por motivo de las medidas sanitarias de prevención de la propagación del COVID-19, no han podido retornar a El Salvador”.

“Para garantizar el derecho de entrar y permanecer en el territorio por parte de las personas que al momento de decretarse la emergencia estuvieren en el exterior, también se debía garantizar el derecho a la salud, integridad física y dignidad humana mientras cumpliera la cuarentena sanitaria”, dijo en sus argumentos.

Por su parte, la Asamblea Legislativa expresó a la Sala de lo Constitucional que “el presidente de la república incurre en un error cuando considera que es necesario realizar una ponderación entre los derechos fundamentales de los salvadoreños que están fuera del territorio nacional y los que están en el interior del país, porque todos los salvadoreños gozan del derecho a la igualdad (art. 3 Cn.). Por eso, diferir temporalmente el ingreso al país de salvadoreños procedentes del extranjero, a fin de garantizar el interés público de los que residen en el país, implica una categorización de interés particular que afecta a un derecho fundamental que le asiste a todos los salvadoreños: el derecho a ingresar a su país”

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