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Corte Suprema de Justicia impone multas a funcionarios por no declarar bienes

Presidente de la CSJ dijo ayer que ha iniciado el proceso para sancionar con multas a funcionarios y exfuncionarios que no han presentado su declaración de bienes ante la sección de Probidad.

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Defensa.  Presidente de CSJ defiende el trabajo de la sección de Probidad. No cree que haya un estancamiento.

Defensa. Presidente de CSJ defiende el trabajo de la sección de Probidad. No cree que haya un estancamiento.

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda, reveló ayer que han comenzado a sancionar con multas a funcionarios y exfuncionarios que no presentaron su declaración de bienes ante la sección de Probidad, tal como lo ordena la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Pineda dijo que el proceso de sancionar con multas ya había iniciado, sin embargo, no quiso revelar la cantidad de funcionarios o exfuncionarios que han sido multados: "No, no tengo un número; mentiría si le doy un número, porque sí son bastantes", recalcó.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia tampoco quiso revelar si parte de las multas impuestas ya han sido canceladas por los sancionados: "Todo eso lleva un procedimiento. Se establece, se comunica y si ellos – funcionarios– justifican el por qué no lo han hecho, se toma en cuenta y se sigue con el procedimiento que establece la ley".

El magistrado presidente agregó que las multas se tratan de montos que ya estipula la ley que van desde los $200 a los $600.

Pineda aclaró que las sanciones impuestas "son (para exfuncionarios) del gobierno saliente y (funcionarios) del entrante".

La ley otorga 60 días de plazo a los funcionarios después de asumir el cargo para que presenten su declaración de bienes ante Probidad. Eso significa que quienes asumieron el 1 de junio, fecha en que es juramentado el nuevo presidente de la República, tenían hasta el 31 de julio pasado para hacerlo.

Sin embargo, para esa fecha solo seis funcionarios del actual gobierno habían presentado su declaración de un total de 83.

La normativa también establece un plazo para que los funcionarios declaren los bienes que cuenta su grupo familiar cuando dejan el cargo. A ese se le conoce como declaración de cese de funciones.

Un informe oficial de la CSJ daba cuenta a mediados de julio pasado de que en los últimos 10 años, un total de 8,974 exfuncionarios no declararon su patrimonio al cese de sus funciones.

El informe consigna que el año con más casos fue 2018 con 1,618 exfuncionarios sin declarar. Le siguen 2015 con 1,477 y 2012 con 1,258, tres de los años en que ha ocurrido elecciones de concejos municipales.

La Comisión de Probidad de la CSJ trabaja en un acuerdo entre los cinco magistrados que la componen para solicitarle a la Corte Plena que avale una investigación de oficio cuando se venzan los 60 días y los exfuncionarios no presenten su declaratoria de patrimonio de cese de funciones.

Otra de las reformas que está en estudio es la que tiene la Asamblea Legislativa sobre reformas a la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos es incrementar las multas hasta los $5,000, cesación de cargos e inhabilitación para aspirar a elecciones populares y de segundo grado.

El magistrado Pineda, además, dijo ayer que existe la percepción de que Probidad solo avanza "cuando hay o pasan (casos) a juicios es que se trabaja. No, se trabaja todo el tiempo y algunos casos no se van a comprobar, en otros está pendiente porque no se ha logrado determinar o no ha concluido la investigación".

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