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Corte Suprema insiste en mantener en reserva informes de probidad

Magistrados decidieron apelar ante la Sala de lo Contencioso una resolución de la Cámara que les ordena entregar informes de enriquecimiento ilícito de 2018.

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Negativa.Magistrados alegan que divulgar informes de supuesto enriquecimiento ilícito viola la Constitución de la República.

Negativa.Magistrados alegan que divulgar informes de supuesto enriquecimiento ilícito viola la Constitución de la República.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insiste en mantener en reserva los informes que la Sección de Probidad elaboró durante 2018 sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de algunos exfuncionarios.

Los magistrados decidieron, el martes pasado, apelar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo la resolución de la Cámara que ordenó a la Corte Suprema de Justicia entregar los informes, según lo solicitado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

La discusión entre la CSJ y el IAIP inició en 2018, cuando los magistrados de la Corte se negaron a entregar los informes de Probidad a dos solicitantes. Los magistrados aseguraron que los expedientes cumplían con la reserva que regula el literal E del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para procesos deliberativos.

Los solicitantes intentaron revertir la decisión de la Corte al interponer un recurso ante el IAIP, que el 30 de julio del año pasado les dio la razón y obligó a la CSJ a revelar los resultados de las investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios.

El Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió que la reserva de los documentos afectaba el derecho a conocer información pública.

Sin embargo, un mes después, y a pesar de la orden del Instituto, los magistrados de la Corte Suprema reafirmaron su negativa a la revelación de los informes y apelaron al artículo 240 de la Constitución de la República que regula la "reserva" para la declaración jurada de los exfuncionarios que forman parte de las investigaciones de la Sección de Probidad.

La Cámara, en un primer momento, decidió que la CSJ no debía revelar los informes, sin embargo, la semana pasada resolvió que se deben entregar las versiones públicas de los casos.

El magistrado Óscar López Jerez le dijo a este periódico que ocho de los 15 magistrados que componen el pleno de la CSJ decidieron que esa resolución de la Cámara viola la ley, por lo que decidieron aplear ante la Sala de lo Contencioso.

"Una cosa es el acceso al a información pública y otra violentar las leyes", dijo el magistrado López Jerez, presidente de la Sala de lo Civil de la CSJ.

LA PRENSA GRÁFICA consultó con el magistrado Aldo Cáder sobre la decisión de mantener la reserva de los casos de Probidad, pero el constitucionalista aclaró que todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional decidieron apartarse del proceso porque el caso podría llegar, eventualmente, hasta la Sala.

López Jerez agregó que la Cámara fue muy "literalista" al interpretar que la Constitución no prohíbe entregar los informes finales de Probidad, porque considera que esos documentos están "estrechamente vinculados" con las declaraciones juradas que los exfuncionarios entregan: "La Cámara solo valoró quedar bien con la opinión pública . Es un mal mensaje dejar de lado la ley", señaló.

 
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