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Corte Suprema ordena suprimir tribunales especializados

Magistrados aseguran que la decisión es el primer paso de un amplio proceso de reforma estructural al sistema judicial. Funcionarios propondrán reformas legales a la Asamblea Legislativa para impulsar las modificaciones administrativas.
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Reforma.  Los especializados de San Salvador están ubicados en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Seguirán funcionando ahí. La diferencia es que hoy todos los tribunales podrán conocer casos especializados.

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Primer paso.  Corte Plena continúa hoy la discusión sobre el proceso de modernización del sistema judicial.

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Corte Suprema ordena suprimir tribunales especializados

Corte Suprema ordena suprimir tribunales especializados

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Tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron que Corte Plena, la máxima autoridad del Órgano Judicial, decidió el pasado martes la supresión de los juzgados especializados en materia penal en todo el país, los cuales funcionan desde 2007 con el fin de aplicar la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.

Esos tribunales, que en principio se conocieron como juzgados antimafia, se encargaban de recibir los casos de homicidio, secuestro, extorsión, que fueron cometidos por dos o más personas, en perjuicio de más de dos víctimas, o casos que provocaran alarma o conmoción social.

Un magistrado de la Corte, que prefirió el anonimato, aseguró que tomaron esta medida porque existía una distribución inequitativa de la carga laboral en el sistema judicial, ya que los tribunales especializados se mantenían con una enorme acumulación de casos, porque la mayoría de acusaciones fiscales eran llevadas a esas instancias.

Actualmente, según la fuente, jueces ordinarios están conociendo casos que deberían corresponder a especializados, y han demostrado que tienen la capacidad para hacerlo. “Tenemos esa realidad: que todos están conociendo de todo. Están igualmente capacitados para conocer de esos casos; por otra parte, la carga laboral de los especializados es mayor, para equiparar la carga laboral se pretende que conozcan todos de esa competencia”, dijo el titular.

El magistrado afirmó que la idea es que las jurisdicciones especializadas pasen a sumarse a los tribunales ordinarios. Esto quiere decir que, a partir de la reforma, los ordinarios podrán recibir cualquier tipo de acusación.

El magistrado y un técnico de la CSJ confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que la iniciativa de suprimir la jurisdicción especializada es solo el inicio de un proceso de modernización estructural del sistema de justicia.

Según el magistrado, escucharon en reiteradas ocasiones las propuestas de los jueces especializados para reformar la legislación, sugerencias que serán trasladadas en a la Asamblea Legislativa en los próximos días.

“A raíz de estarles escuchando es que también ha surgido la necesidad de replantearnos la jurisdicción, y la misma sentencia de la Sala de lo Constitucional, es un trabajo que se ha venido haciendo sistemático”, dijo el funcionario.

El titular afirmó que la vigencia de la supresión de los tribunales especializados depende del avance de las modificaciones administrativas y legales que se den en la CSJ y en la Asamblea Legislativa, respectivamente. Sin embargo, confirmó que estas modificaciones no suponen modificaciones salariales o de prestaciones.

“Mañana (hoy) se va a conocer cómo van a quedar, porque no podemos estar creando más tribunales. Lo que vamos a hacer es equiparar la carga tribunal, y aquellos juzgados donde necesiten personal se va a redistribuir, o a lo mejor se les fortalece con algunos colaboradores, pero eso todavía no lo hemos definido, estamos en el inicio de esto. Plazos todavía no hay”, dijo el magistrado.

El técnico de la CSJ explicó, por su parte, que hasta ahora Corte Plena solo ha tratado el punto que trata la competencia de los tribunales especializados; sin embargo, seguirán discutiendo sobre la organización de la estructura administrativa, el procedimiento de nivelación salarial y la reestructuración interna de los tribunales. Esto incluye la posibilidad de que la Ley Especial contra el Crimen Organizado se integre como normativa del Código Procesal Penal.

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