Corte Suprema sin resolver 941 denuncias contra jueces

Persiste rezago en Departamento de Investigación Judicial a un año del cambio de jefe de esa oficina. Magistrado reconoce problemática.
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En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hay 941 expedientes de denuncias contra jueces que aún están pendientes de una resolución, según confirmó ayer el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia.

Los casos son tramitados por el Departamento de Investigación Judicial de la Corte, que en los últimos cuatro años ha cerrado con una mora anual que ronda los 1,000 expedientes. En diciembre de 2014, por ejemplo, esa oficina terminó con 1,177 procesos activos.

El año pasado, la Corte recibió un total 188 nuevas denuncias contra jueces y magistrados.

“Durante 2015 se trabajó en depurar los expedientes de 424 casos, es decir, de 1,365 se trabajaron o depuraron 424 casos, de esos 424 a esta altura, a enero, estábamos entrando con 941 casos. Adviértase que hay un movimiento sustancial en la dinámica del tratamiento de los casos”, dijo el magistrado Ramírez Murcia durante una entrevista televisiva en Canal 12.

Los jueces son denunciados por diferentes motivos, pero el que predomina es por irregularidades en la tramitación de juicios. La retardación de justicia y la omisión de diligencias se convierten en los otros dos motivos por los que son más denunciados los juzgadores de todo el país.

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció esta semana que va tras los jueces que, a su criterio, emiten “resoluciones ingratas” y que obstaculizan el trabajo del ministerio público para que se logren condenas adecuadas en los tribunales.

El fiscal anunció que en los próximos días presentará una lista a la Corte con nombres de jueces a quienes pretenden quitarles el fuero para procesarlos.

Depurados

El año pasado fueron removidos 13 jueces del Órgano Judicial, según Ramírez Murcia, quien considera que recientemente ha habido mejoras “significativas” en materia de depuración judicial.

“Uno quisiera que todos los jueces se mantengan porque todos los jueces deben ser probos, si esto es un apostolado, la judicatura es un apostolado y los jueces debemos sacrificarnos independientemente los emolumentos”, consideró el funcionario.

Uno de los casos del año pasado es el del juez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei, quien fue suspendido por sospechas de que transgredió la Ley de la Carrera Judicial, al haber firmado un contrato para prestar servicios de asesoría legal a la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (ETESAL) mientras ejercía como juez.

La Corte, según las estadísticas de Investigación Judicial, suspendió a un total de 24 funcionarios judiciales en 2015. Entre esas suspensiones está la del juez Segundo de Instrucción de Santa Tecla, Rafael González Núñez, quien decretó la suspensión de la ejecución de la pena de Rodrigo Chávez Palacios, condenado por el asesinato de un empleado de la Alcaldía de Santa Tecla. La Corte decidió suspenderlo sin goce de sueldo en diciembre de 2015.

En noviembre de 2015, la Corte detectó inconsistencias en 134 expedientes tramitados en el Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador, de donde removió al juez Róger Rufino Paz y al secretario de ese tribunal, Tránsito José Díaz. Las inconsistencias iban desde casos que no tenían un expediente administrativo, otros en los que no se le dio trámite a recursos de revisión, algunos procesos en los cuales se excedió el plazo de la detención provisional de los imputados (24 meses) y otros en los que se extraviaron páginas de los expedientes.

Entre los casos que aún se encuentran pendientes de un desenlace están los exjueces especializados del oriente del país, que enfrentarán juicio tras haber sido acusados de aceptar sobornos a cambio de favorecer a procesados. Los exfuncionarios son acusados de 12 casos de corrupción judicial: dos contra el exjuez especializado de Instrucción Jorge González; cinco contra Enrique Beltrán, exjuez propietario del Tribunal Especializado de Sentencia y cinco contra el exjuez suplente del Especializado de Sentencia, Rodolfo Castillo.

Magistrado reconoce deuda

Hace poco más de un año, el pleno de la Corte cambió a la persona que estaba a cargo del Departamento de Investigación Judicial. Félix Gómez Arévalo asumió la conducción de esa oficina en febrero de 2015.

El magistrado Ramírez Murcia reconoció ayer que el personal que trabaja en el departamento no da a basto para agilizar y poner al día los casos. “La sección requiere de más recurso para poder sacar o acelerar más, tener más producción. Ojalá en un tiempo corto pueda decirse hemos quitado la mora”, comentó Ramírez Murcia.

La Corte ha sido objeto de críticas por la falta de celeridad para resolver las denuncias contra los funcionarios judiciales. “A mí me gusta ser respetuoso de las competencias institucionales, pero yo sí he conversado con el señor presidente de la Corte y con algunos magistrados de que sí es necesario. Yo creería que el tema de la depuración en general de las instituciones hay que hacerlo. La Fiscalía está sometida a un control en específico, la Policía también lo es. Yo sí considero que aún respetando las competencias de los órganos, yo creería que la Corte Suprema de Justicia debe retomar ese tema (depuración de jueces)”, dijo el fiscal este jueves, cuando anunció que pediría que desaforen a algunos funcionarios judiciales.

Tanto las remociones como las suspensiones de jueces y magistrados requieren al menos ocho de los quince votos de los magistrados que integran Corte Plena. Uno de los puntos que todavía está en discusión dentro de la Corte es si las denuncias deben prescribir, porque hay denuncias acumuladas con 15 años de antigüedad.

 

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