Corte aprueba criterios para investigaciones de patrimonio

Magistrados definieron lineamientos que seguirá Sección de Probidad para investigar enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios.
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Debate.  Los magistrados de la CSJ necesitaron más de una sesión para ponerse de acuerdo sobre los criterios que regirán el trabajo de la Sección de Probidad.

Debate. Los magistrados de la CSJ necesitaron más de una sesión para ponerse de acuerdo sobre los criterios que regirán el trabajo de la Sección de Probidad.

Corte aprueba criterios para investigaciones de patrimonio

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) definió ayer los criterios que seguirá a la hora de decidir cuáles serán los funcionarios objeto de investigación patrimonial. Decidieron dejar por escrito que para la Sección de Probidad se debe regir por criterios como la antigüedad de los casos, la relevancia por el cargo de los funcionarios y casos denunciados por la ciudadanía.

Los criterios fueron aprobados por 14 magistrados. Hasta ayer no existían lineamientos y esto fue objeto de críticas desde afuera hacia adentro de la Corte, así como de reproches internos de los mismos magistrados. Uno de ellos, el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, fue de los que más cuestionó el trabajo de Probidad, señalando que las últimas investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios fueron “poco transparentes”.

La Sección de Probidad investigaba hasta marzo pasado a 29 funcionarios y exfuncionarios. Cuatro exfuncionarios, entre ellos los expresidentes de la República Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, fueron enviados a juicio por enriquecimiento ilícito en diferentes cámaras de lo civil.

“Los casos que se estaban tramitando continúan su curso. Esto va a servir para casos futuros”, explicó ayer uno de los magistrados que votó por los lineamientos.

La deliberación para enviar a juicio por enriquecimiento ilícito fue la que desató más divisiones internas en la Corte respecto a los criterios. Los funcionarios discreparon en cuanto a si se debe investigar bienes fuera del ejercicio del cargo, si podían inmovilizar bienes del grupo familiar de funcionarios investigados y sobre plazos para cada proceso.

El pleno de la CSJ, de hecho, ha venido modificando los alcances de sus resoluciones. Las medidas cautelares dictadas en los primeros casos que envió a juicio fueron más amplias que las ordenadas en los últimos casos.

Uno de los casos recientes resueltos por el pleno es el del ya fallecido expresidente de la República Francisco Flores Pérez. Los magistrados acordaron enviarle el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que aplique la Ley de Extinción de Dominio en aquellos inmuebles donde no se logre probar la procedencia lícita. Esto después de que la Sección de Probidad concluyó que pudo haberse enriquecido ilícitamente por cerca de medio millón de dolares.

Probidad realizó una auditoría patrimonial en la que encontró saldos en cuentas bancarias no reportadas por Flores en su declaración de cese de funciones (2004), cuyos saldos ascienden a $112,394.50.

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