Corte autoriza a FGR a cobrar intereses a empresa minera

La Corte Suprema de Justicia ya había autorizado algunas inmovilizaciones y recientemente mandó a cobrar intereses.
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió, el pasado martes 23 de mayo, permiso para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie las acciones judiciales de cobro de intereses simples a las sociedades vinculadas a la empresa minera Pacific Rim, los cuales se derivan de los $8 millones equivalentes a la inversión del Estado salvadoreño en el juicio.

El 14 de octubre del año pasado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor del Estado salvadoreño ante una demanda de Pacific Rim por $248 millones contra El Salvador. La empresa minera alegaba que el Estado le vulneró sus derechos al prohibirle la exploración y explotación minera en el país. El Tribunal de Arbitraje del CIADI emitió una decisión suplementaria al laudo arbitral, con la cual mandó a las empresas vinculadas a Pacific Rim a pagar los gastos equivalentes a la inversión del Estado en el proceso judicial, más los intereses que este monto generara.

Pacific Rim, que fue comprada por la empresa OceanaGold, deberá incluir en su pago de la inversión realizada por el Estado salvadoreño en el proceso judicial los intereses por haberse retrasado en el pago, los cuales podrían rondar entre el 2 % y el 5 %, según divulgó la Fiscalía meses atrás.

Según el acta de Corte Plena, la Fiscalía deberá interponer una demanda ante el tribunal competente para que la empresa Pac Rim Cayman LLC haga el pago de lo acordado a través de las sociedades Pacific Rim El Salvador, S. A. de C. V., hoy Minerales Torogoz, S. A. de C. V., y Dorado Exploraciones, S. A. de C. V.

“Incluso sobre esto ya había una resolución dándole razón a El Salvador. Esta es la acción que se debe tomar, para eso necesitaba una acción la Corte Suprema de Justicia y ya está hecha para que el fiscal pueda actuar”, dijo ayer el magistrado presidente de la Corte, Armando Pineda Navas.

La decisión fue aprobada con 10 votos en Corte Plena; sin embargo, en el acta de Corte Plena del pasado 23 de mayo consta que la magistrada María Luz Regalado expresó que no votó a favor de la moción, debido a que, a su juicio, el proyecto de resolución apuntó sobre algo que “no es competencia del pleno”.

La Fiscalía anunció el pasado 18 de abril que la Corte Suprema de Justicia aprobó las diligencias solicitadas para garantizar que la empresa minera pague los $8 millones que invirtió El Salvador durante el juicio seguido en Estados Unidos.

En aquel momento la Corte autorizó la inmovilización de inmuebles, vehículos y cuentas bancarias propiedad de la empresa minera OceanaGold (antes Pacific Rim) “por el impago de los costos procesales al Estado de El Salvador”. La Fiscalía reportó, entonces, la inmovilización de nueve inmuebles, tres cuentas bancarias con $198,904 y siete vehículos, una camioneta 2006, un pick up 2006, un vehículo tipo sedán 2006 y un pick up 2005.

El Salvador prohibió la minería el pasado 29 de marzo, con el voto de 69 diputados.

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