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Corte de Cuentas: Gobierno realizó pagos indebidos de bono por pandemia

Examen especial a la entrega de $300 de subsidio contiene 22 hallazgos, de los cuales destaca la falta de criterios para definir la base de beneficiarios y falta de control en uso de la tecnología por parte de terceros.

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Sin control. Auditoría revela que el Gobierno no estableció controles para verificar a las empresas encargadas de gestionar los reclamos por el bono de $300.

Sin control. Auditoría revela que el Gobierno no estableció controles para verificar a las empresas encargadas de gestionar los reclamos por el bono de $300.

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La Corte de Cuentas de la República (CCR) concluye que el Gobierno de Nayib Bukele realizó pagos indebidos en la entrega del bono de $300 a las familias afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Además, de incumplir con mecanismos de control a terceros en el uso de tecnología, por lo que "hay irregularidades en procesamiento de datos y pagos".

Uno de los 22 hallazgos que encontraron los auditores es que el subsidio lo recibieron quienes no cumplían con los requisitos para recibir los fondos, como parejas de esposos que recibían en una misma vivienda, personas distintas a los beneficiarios y hasta fallecidos.

La Corte de Cuentas de la República realizó un examen especial, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, al proceso de distribución de $300 en concepto de subsidio a las familias que dejaron de recibir ingresos por las restricciones sanitarias a consecuencia de la covid-19.

El 27 de marzo del año pasado, el presidente Bukele anunció la creación de un programa de subsidios para 1.5 millones de familias afectadas por la cuarentena domiciliaria obligatoria. El mandatario dijo, sin dar detalles de la selección de beneficiarios, que a partir del siguiente día los salvadoreños que resultaran seleccionados podrían retirar los $300 a través del sistema bancario.

 “Hubo personas que cobraron por representar a un fallecido (por ser madre, padre, hijos, cónyuge o compañero/a de vida), pero que a su vez estas mismas personas cobraron como beneficiarios directos”.

Auditoría de la Corte de Cuentas de la República.

Bukele agregó, en ese entonces, que los ciudadanos debían introducir su número de documento único de identidad (DUI) en una plataforma de internet, creada bajo la responsabilidad de la Secretaría de Innovación de la Presidencia, para verificar si eran beneficiarios del programa. El siguiente día, el Ministerio de Hacienda transfirió a Economía $350 millones para cubrir la entrega del bono.

Sin embargo, el mecanismo falló por la saturación de búsquedas y porque muchos de salvadoreños no tienen acceso a internet; por lo que dos días después del anuncio presidencial, miles salieron a las calles desobedeciendo el confinamiento a reclamar ante los Centro de Atención por Demanda (Cenade), una dependencia del Ministerio de Economía, por desconocer si estaban incluidos en el beneficio económico.

La Corte de Cuentas confirmó que tanto la Secretaría de Innovación como el Ministerio de Economía, ambas entidades responsables de administrar la entrega del dinero, fallaron en la verificación de reclamos y pagos.

"Hubo personas que cobraron por representar a un fallecido (por ser madre, padre, hijos, cónyuge o compañero/a de vida), pero que a su vez estas mismas personas cobraron como beneficiarios directos", reza parte de los hallazgos de la CCR.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, envió una nota a los auditores el 9 de diciembre pasado donde explica que la entidad encargada de administrar la base de datos de los beneficiarios era la Secretaría de Innovación. Además, la funcionaria consideró, sin aportar pruebas, que sí existieron los controles para evitar los pagos indebidos como a fallecidos y entregas dobles a una misma familia.

El secretario de Innovación, Vladimir Hándal, también comunicó a la Corte de Cuentas ese mismo 9 de diciembre de 2020 que "esta Secretaría cuenta con la documentación de respaldo pertinente para desvanecer los hallazgos, la cual será aportada en el momento procesal oportuno".

LOS DATOS NO CUADRAN

"Comprobamos en las revisiones de los registros de la base de datos que contienen 2,976,630 solicitudes de reclamo, llenados por los ciudadanos que tienen acceso a internet y a través de los nueve call center contratados, que esta plataforma carece de validaciones en algunos campos (…) lo que permite la generación de registros basura como por ejemplo registros duplicados en el campo ‘dui’, donde aparece repetido 1,293 veces un mismo número", se lee en el informe final del examen especial.

Por esas irregularidades, los auditores consideran que la plataforma contratada por la Secretaría de Innovación de la Presidencia utilizada para el proceso y selección de reclamos "no es confiable".

La posición de la Secretaría de Innovación de la Presidencia sobre ese hallazgo es similar a la anterior: insiste en que las pruebas para desvanecer esa irregularidad será presentada en la siguiente etapa del proceso (juicio de cuentas), donde espera que se garantice el derecho de "audiencia y defensa constitucionalmente protegido".

La Corte de Cuentas también establece, entre los 22 hallazgos, que las autoridades no cumplieron con los reglamentos a la hora de contratar a los bancos delegados para entregar el subsidio ni a las empresas que instalaron los centros de llamadas para los reclamos.

Según los auditores, la irregularidad se centra en que fue la Secretaría de Innovación de la Presidencia, sin tomar en consideración a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Economía, la que seleccionó a las empresas contratadas sin ningún análisis a todo el universo de proveedores que podría suministrar ambos servicios.

A finales del año pasado, el Ministerio de Economía impuso una reserva de siete años a la información relacionada con las contrataciones para la entrega de ese bono.

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