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Corte de Cuentas limpió hallazgos sobre registros contables de ALBA

La última auditoría externa realizada a la CCR también revela que la institución borró los hallazgos de la transferencia de $162,500 que el INDES, bajo la administración de Jaime Rodríguez, hizo a la Alcaldía Municipal de Santa Tecla entre 2010 y 2014.

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El informe final de la última auditoría externa practicada a la Corte de Cuentas de la República (CCR) revela que la institución encargada de vigilar el uso de los fondos públicos limpió cinco hallazgos encontrados a ALBA Petróleos de El Salvador, una empresa mixta formada en 2006 por PDVSA y una veintena de alcaldías salvadoreñas, controladas en esa época por el partido gobernante.

El documento de la firma auditora, contratada por la Asamblea Legislativa para examinar la gestión de la Corte de Cuentas durante 2014, consigna que los auditores hallaron inconsistencias financieras en libros y registros contables de ALBA Petróleos de El Salvador entre 2012 y 2013, los cuales reflejaban el incumplimiento de al menos nueve artículos del Código de Comercio.

Uno de esos hallazgos se refiere a la “inconsistencia relativa al balance de 2012 depositado en el Centro Nacional de Registros con el archivado en el libro de registro de estados financieros”, una violación al artículo 282 del Código de Comercio.

Además, los auditores advirtieron que los libros de registros de accionistas de ALBA Petróleos de El Salvador de esos dos años no cumplían con los “requisitos de forma íntegra”.

Sin embargo, la auditoría externa reveló que “no hay ni en el expediente físico ni en digital evidencia que soporte esos hallazgos”, pese a que los auditores dejaron constancia de esas irregularidades en sus escritos de trabajo.

“Comprobamos que los resultados finales de las auditorías fueron cambiados de un estatus de ‘hallazgos en borrador de informes’ a ‘asuntos de menor importancia’”.  
Informe final  de auditoría externa a la Corte de Cuentas de la República


“La Ley de la Corte de Cuentas expresa la facultad del presidente de extender las resoluciones de exoneración y finiquitos de la Corte de Cuentas, por lo que no es necesario establecer otros procedimientos”.  Rosalío Tóchez Zavaleta, expresidente de la Corte de Cuentas de la República

“No se encuentran en dicho expediente las notas de comunicación de los hallazgos a los auditados ni borrador de informes, ni de cédulas de análisis de los auditores ni evidencia de que se les hubiera presentado por auditados para desvanecer los hallazgos determinados”, escribió en su informe la firma auditora externa.

No obstante, sí existe un informe, de una hoja, que la directora de Auditoría Siete de la CCR le envió a la junta de accionistas de ALBA Petróleos El Salvador, donde le notifica que “producto de la aplicación de procedimientos de auditoría, no identificamos condiciones que ameriten ser incorporadas en el presente informe de auditoría”.

La CCR se justificó con la firma externa al decir que la normativa faculta a los auditores a desvanecer los hallazgos según su juicio e independencia en su trabajo; sin embargo, la empresa auditora concluyó que “dentro de todos los comentarios vertidos por la CCR, no presentan la base técnica ni legal de cuáles son los parámetros para determinar cuándo se considera una deficiencia menor... Todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad o juicio de los individuos”, se lee en el informe de la auditora.

La limpieza de los expedientes de las auditorías realizadas a los estados financieros de ALBA Petróleos El Salvador es uno de los ejemplos de los que la firma de autoría externa echó mano para ejemplificar lo que consideró “deficiencias en los informes finales” de la Corte de Cuentas.

La compañía, contratada por la Asamblea Legislativa para examinar el trabajo de la Corte de Cuentas, llegó a esa conclusión después de evaluar los papeles de trabajo de una muestra de las auditorías realizadas en el ejercicio 2014: “Comprobamos que los resultados finales de las auditorías fueron cambiados de un estatus de ‘hallazgos en borrador de informes’ a ‘asuntos de menor importancia’”.

Otra de las auditorías donde la firma auditora encontró inconsistencias fue en el examen especial que hizo la CCR a los fondos transferidos por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), cuando el presidente era Jaime Rodríguez, a la municipalidad de Santa Tecla entre 2010 y abril de 2014, cuando el alcalde era el actual vicepresidente, Óscar Ortiz.

Los auditores enviaron una carta de gerencia el 5 de junio de 2014 en la que comunicaron las deficiencias que encontraron en ese caso; entre ellas, que la Alcaldía Municipal de Santa Tecla otorgó el uso de un autobús y el traslado de $162,500, en esos años, a la Asociación Santa Tecla F. C., incumpliendo los artículos 31 y 68 del Código Municipal.

Esa carta quedó como evidencia de hallazgos en el borrador que la Corte de Cuentas elaboró sobre el caso el 8 de julio de 2014. Sin embargo, meses después, el 9 de septiembre de 2014 , la directora de la Auditoría Dos de la CCR firmó el informe final, que consta solo de dos hojas, en el que dice que “de la aplicación de los procedimientos de auditoría no encontramos condiciones que merezcan ser reportadas”.

Los hallazgos reportados en esa carta sobre esa transferencia del INDES, por lo que actualmente Rodríguez es procesado en la vía penal por actos arbitrarios y malversación de fondos, se diluyeron en dos meses después sin ofrecer argumentos.

“Recomendamos a la señora presidenta de la Asamblea Legislativa que el presidente de la CCR instruya a sus equipos de asesoría técnica, procedan a la revisión de las normas de auditoría gubernamental y el manual de auditoría gubernamental para definir con claridad y establecer los parámetros de aplicación de la figura técnica, deficiencias menores y juicio del auditor para evitar contradicción con el principio de legalidad y seguridad jurídica regulados en la Constitución de la República”, se lee en el informe final de la firma auditora.

Ese documento le fue entregado a la diputada oficialista Lorena Peña en junio de 2016, cuando era la presidenta del primer órgano del Estado.

LA PRENSA GRÁFICA buscó reiteradamente comunicarse con Carmen Elena Rivas, presidenta de la CCR, para confirmar si la institución ya cuenta con un procedimiento para evitar que los juicios de cuentas queden a discreción de los auditores; sin embargo, la funcionaria no contestó su teléfono ni los mensajes dejados por este rotativo.

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