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Corte debate separar a juez que lleva caso red corrupción

Juez ha enviado a la Corte una carta certificando que padece de enfermedad terminal. El magistrado Rodolfo González dice que es preciso buscar la manera de no entorpecer el trabajo de la Fiscalía.
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá si el juez interino del Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel seguirá con la vista pública en contra de exempleados judiciales y abogados que conformaban una red de corrupción vinculada a narcotraficantes y pandilleros en el oriente del país.

El magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional, manifestó que el lunes en la última sesión de Corte Plena se conoció una carta y la certificación médica del juez Especializado, que hacen constar que tiene una enfermedad terminal.

En la carta, el juez expone que ya ha tenido experiencias de crisis médicas durante vistas públicas prolongadas, como la del caso de la banda El Tigre. Y que en el caso de la presunta red de corrupción en oriente, aunque inició la vista pública el 30 de mayo pasado, todavía está pendiente de conocer la producción de prueba de la Unidad de Narcotráfico y de la Unidad de Administración de Justicia, ambas de la Fiscalía.

El juez también pide que el pleno de la Corte considere su estado de salud y que se le traslade al Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.

“El problema de sustituirlo (durante la vista pública) es que existe el principio de inmediación de la prueba, es decir que quien estuvo en la audiencia valorando las pruebas es quien debe juzgar. Por lo tanto, si se sustituye, se tendría que volver a iniciar la audiencia y la Fiscalía tendría que volver a hacer las diligencias”, aclaró González.

Según el funcionario, la discusión de Corte Plena se conducirá por la posibilidad de “integrar el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil” para no echar a perder el trabajo fiscal en el caso, ante la posible remoción del juez.

Varios magistrados consultados por LA PRENSA GRÁFICA manifestaron que la discusión continuará este día en la sesión de Corte Plena.

Hasta la fecha, la Corte no puede nombrar jueces en nuevas vacantes, sino únicamente disponer interinatos debido al retraso de la Asamblea Legislativa para elegir al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el cual designa ternas de jueces.

“No veo ninguna presión”

La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que el magistrado de la Sala de lo Civil Ovidio Bonilla había presionado de forma indirecta para retrasar el proceso de sentencia de los implicados en la red de corrupción de oriente, en el cual está siendo procesado su yerno.

Los jefes fiscales también señalaron que existe otro magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia que se reunió con un juez de Menores, un juez Especializado de Sentencia y un juez de Vigilancia Penitenciaria para buscar que se suspendiera la audiencia de una parte de los implicados.

Sergio Luis Rivera salió a la defensa de sus colegas magistrados.

“No es cierto que alguien esté presionando en el caso. No he notado ninguna presión de nadie”, aclaró.

A Rivera también se sumó González, quien aseguró que no ha tenido conocimiento sobre posibles presiones por parte de magistrados para impedir el devenir del caso.

Sala se defiende

La Fiscalía señaló que en el caso de la red de corrupción en oriente también está involucrado un colaborador de la Sala de lo Constitucional, quien supuestamente ayudó a dilatar el proceso para que el tiempo de instrucción concluyera, y permitir a varios de los involucrados la presentación de hábeas corpus u otros recursos en cámaras de Segunda Instancia, los cuáles presuntamente habrían sido resueltos con notable celeridad.

El magistrado González explicó que el colaborador fue separado de sus funciones cuando tuvieron noticia de que estaba siendo procesado. Además, negó que el tribunal estuviera dando prioridad a recursos de exhibición personal vinculados a este caso.

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