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Corte declara reserva a información sobre familia de diputados

Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia le negaron al Tribunal de Ética Gubernamental la información sobre el parentesco de los diputados que contienen las declaraciones de Probidad. El TEG indaga nepotismo en Asamblea.

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Mayoría.  Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron blindar el parentesco de los diputados.

Mayoría. Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron blindar el parentesco de los diputados.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró reserva sobre la información que revela los vínculos familiares de diputados en la Sección de Probidad, como parte de las declaraciones juradas de patrimonio que realizaron los parlamantarios al tomar posesión de sus cargos.

La decisión de la mayoría de magistrados de bloquear la entrega de esa información responde a la solicitud que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) hizo a la Corte Suprema de Justicia, el 20 de enero pasado, como parte de su investigación sobre nepotismo en la Asamblea Legislativa.

La segunda semana de este año, el TEG anunció en sus redes sociales que había iniciado una indagación preliminar sobre la contratación de familiares en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados, acción que es contraria a la Ley de Ética Gubernamental.

Esa normativa prohibe "nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio".

El anuncio del TEG ocurrió después de que el expresidente de la Asamblea Legislativa y diputado de GANA, Guillermo Gallegos, reconociera que varios de sus parientes laboran en el parlamento.

El tribunal, sin embargo, señaló que la investigación va contra los 84 diputados, entre ellos la exdiputada del PCN Cristina López por devengar un salario sin asistir a trabajar; y contra el director de Centros Penales, Osiris Luna, por no revelar información sobre sus viajes al exterior.

Como parte de esa indagación, el TEG ha destacado a investigadores de forma permanente dentro de la Asamblea para que recaben toda la información que consideren necesaria.

Además, intentó obtener de la Corte Suprema de Justicia los vínculos familiares de los diputados, según consta en las declaraciones de bienes que presentaron ante la Sección de Probidad.

Tres días después de recibir la solicitud del TEG, de acuerdo con el acta número ocho de esa reunión, los magistrados decidieron que no podían revelar las identidades de parejas, hijos y otros familiares de los parlamentarios. La razón: viola el artículo 240 de la Constitución de la República que impone la reserva a las declaraciones de bienes.

La decisión de imponer la reserva la tomaron los magistrados Óscar Armado Pineda Navas, Carlos Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrento, Ovidio Bonilla Flores, Doris Luz Rivas Galindo, Roberto Argueta Manzano, Elsy Dueñas Lovos, Roberto Carlos Calderón, Sandra Luz Chicas Bautista, Dafne Yanira Sánchez y Carlos Sergio Avilés.

El magistrado Sánchez Escobar fue uno de los que consideró, durante la sesión de Corte Plena, que la petición del TEG no procedía porque se trataba de una "actividad administrativa sancionadora"; por lo que recomendó al resto de magistrados reservar la información patrimonial, donde consta quienes son sus familiares, que los diputados entregaron a la Sección de Probidad.

Los magistrados Paula Velásquez, Sergio Luis Rivera Márquez, Aldo Cáder Camilot y Leonardo Ramírez Murcia no votaron por la declaratoria de reserva.

Ramírez Murcia dijo en esa sesión de Corte Plena del 23 de enero pasado que debía entregarse la información que solicitaba el TEG, pues debe buscarse y fomentar "la lucha contra la corrupción" y mantener el ánimo de "transparentar el ejercicio de los cargos públicos".

El magistrado Cáder señaló que debe revisarse qué es lo que se entrega a través de las peticiones por la vía al acceso de la información, porque podría haberse proporcionado una "versión pública" sin violar la Constitución.

Calderón sostuvo que decidió apoyar la reserva porque "aún está sujeta a control de la Cámara de lo Contencioso Administrativo"; pero que esa prohibición no debe entenderse como "una violación al principio de publicidad".

Sin embargo, la presidenta de la Sala de lo Penal, la magistrada Rivas Galindo, dijo que no se trata de perjudicar la transparencia en la actuación del funcionario público. Además, consideró que existen otros mecanismos para establecer la relación de parentesco de los diputados.

Esta declaratoria de reserva va en sintonía con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de impedir la entrega de información sobre los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios o exfuncionarios.

Esa decisión enfrentó a la CSJ con el Instituto de Acceso a la Información Pública.

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