Corte dividida por criterios para enviar a juicio a funcionarios

Magistrados discrepan por tres aspectos: sobre si se debe investigar bienes fuera del ejercicio del cargo, si inmovilización de bienes debe abarcar a grupo familiar de funcionarios y sobre plazos para cada caso.
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Por medio millón.  El expresidente de la República Mauricio Funes enfrenta un proceso civil por enriquecimiento ilícito por poco más de medio millón de dólares.

Por medio millón. El expresidente de la República Mauricio Funes enfrenta un proceso civil por enriquecimiento ilícito por poco más de medio millón de dólares.

Corte dividida por criterios para enviar a juicio a funcionarios

Corte dividida por criterios para enviar a juicio a funcionarios

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Es martes 9 de febrero de 2016. Hay 14 magistrados sentados a la mesa para decidir si enviarán a juicio al expresidente de la República Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito. El magistrado Armando Pineda Navas preside la reunión. Somete a votación la agenda y 12 votan para que el primer punto sea el informe de la Sección de Probidad.

Luego ingresa al salón el jefe de Probidad, Carlos Pineda, para explicarles los documentos que presentó Funes para desvanecer hallazgos de su auditoría patrimonial. En resumen, Pineda les dice que lo único que tal vez pueda desvanecer es un hallazgo por $121,500. Los magistrados le preguntan en cuánto queda el monto sin justificar, a lo que él contesta que $606,829, y aclara que ese total incluye un vehículo de $60,000 adquirido por Funes fuera de su período. Más adelante resta esa cantidad y les explica que, si se deja por fuera ese vehículo, el expresidente de la República tendría que ir a juicio civil por $546,829.64.

El magistrado Leonardo Ramírez Murcia, integrante de la Sala de lo Penal, es uno de los primeros en cuestionar el informe. “Es un poco penoso ver cómo un informe que recibe la Corte va en disminución, por una manera poco profesional de abordarse las cosas, siempre lo he insistido en la misma Comisión de Ética y Probidad, y que el mandato es verificar el período, y lo dije la otra vez, y voy a ser franco, que me sorprendan no me voy a sumar a una medida donde se refleja mucha inconsistencia”, se pronuncia.

Y más adelante agrega: “Yo no quiero estropear el curso de las cosas, solamente sepan que yo me sumo a combatir la corrupción, pero no me sumo a vendettas o venganzas de mala fe”.

El jefe de Probidad responde las dudas de algunos magistrados, principalmente algunas sobre un préstamo que supuestamente hizo Fabio Castillo a Funes, y luego se retira.

Toma la palabra el magistrado Sidney Blanco, de la Sala de lo Constitucional, quien explica a sus compañeros que la propuesta de resolución incluye aspectos sobre interpretación del artículo 240 de la Constitución, para explicar que las investigaciones por enriquecimiento ilícito no abarcarán únicamente desde el ingreso hasta la salida de los funcionarios, sino los movimientos de patrimonio que tuvieron antes o inmediatamente después. Negar esa posibilidad, les dice el magistrado, implicaría una especie de “burla” a la finalidad de perseguir a funcionarios que se han enriquecido ilícitamente.

“Podríamos pasar la mañana poniendo ejemplos de qué manera un funcionario corrupto podría evadir su responsabilidad recibiendo materialmente los dineros que han sido producto del ejercicio de su cargo con posterioridad al mismo. Podría ser muy inadecuado centrarnos exclusivamente a examinar lo que ocurrió dentro de su periodo, ya nos podemos imaginar cómo funcionarían en el futuro los funcionarios con una tesis de esta naturaleza”, dice Blanco.

Prosigue la magistrada Paula Velásquez, de la Sala de lo Contencioso, quien califica de “obsesiva” la resolución propuesta, porque incluye cantidades que son fuera del período de Funes. También cuestiona que todos los casos los estén mandando a la misma cámara: a la Segunda de lo Civil de San Salvador.

El magistrado Rodolfo González interviene después para precisar algunas interpretaciones del 240 de la Constitución, en las que, al igual que el magistrado Blanco, coincide en que no se pueden limitar a revisar los bienes dentro del período de un funcionario.

La magistrada Doris Luz Rivas, de la Sala de lo Penal, cree que no tendrían que meterse con el dinero que manejaron los funcionarios antes de que ingresaran al cargo público. Les dice a sus compañeros que ella acompañará la resolución siempre y cuando hagan algunas correcciones. “Estamos en un contexto sumamente delicado en este país al menos en mi apreciación de que venganzas por aquí, venganzas por allá, pleitos por todos lados y yo realmente creo que podemos hacer las cosas con la mayor objetividad posible...”, comenta la funcionaria.

Otro punto de desacuerdo es el alcance de las medida cautelares: los magistrados se debaten entre si deben imponer restricciones de transferencias de vehículos del hijo de Funes o solo a los del exfuncionario. Hay magistrados que creen que las restricciones solo deben abarcar al funcionario y no a terceros. Otros, como el magistrado Belarmino Jaime, quien les lee el 240 de la Constitución y luego les lanza una pregunta: “...Para determinar dicho aumento el capital, los ingresos del funcionario, empleados, cónyuge y sus hijos se considerarán en conjunto, ¿entonces cuál es el problema de que se decrete esa inmovilización de los bienes que están a nombre del hijo? Si aquí la Constitución da la base para eso, pues, si no olvidémonos de lo que dice la Constitución”, les dice.

Interviene por primera vez la magistrada Elsy Dueñas, de la Sala de lo Contencioso, quien pide que se posponga la votación. “Yo no sé cuál es la urgencia de votar ahora, cuál es la urgencia, si de aquí que hagan todas las recomendaciones que dicen y lo podemos ver el jueves, yo no sé cuál es la aflicción y la prisa de pasarlo ahora, ¿por qué? Si el hombre es culpable ahí va asalir el jueves...”, opina.

El presidente de la Corte Suprema le explica que está por agotarse el plazo que tiene la CSJ para entregar la versión pública de la auditoría patrimonial. Más adelante, el magistrado Ovidio Bonilla expresa que tiene dudas respecto a la ley con la que están ordenando los juicios, porque la Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra la Ley de Probidad. “Mientras yo tenga duda no acompañaría con mi voto”, les advierte. Las magistradas Dueñas y Galindo vuelven a sugerir que se posponga la votación, pero esa iniciativa no obtiene los votos suficientes. Y otros nueve magistrados alzan la mano para que se declare indicios de enriquecimiento de Funes.

La magistrada Velásquez razona después: “Sigo manteniendo que es excesivo de conformidad al 240 de la Constitución incluir antes, durante y posterior a su período”. Y Dueñas añade: “Que quede en actas que no es que me esté oponiendo a la corrupción, es que aquí debería ser algo consensuado... Pero que se pongan las observaciones que uno quiere; pero no, aquí como que es autoritarismo y no es así”.

“Bueno, los disensos son siempre respetables y tenemos que respetar también las discrepancias, es normal...”, concluye el magistrado Blanco. Esta deliberación consta en un audio entregado por la CSJ a este periódico.

Si desea escuchar la discusión completa, puede hacerlo en este enlace:




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