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Corte hizo obligatoria la entrega de la declaración

Los jueces y secretarios están obligados a informar sobre patrimonio desde 2011.
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El 11 de octubre de 2011, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó que sería obligatoria la presentación de la declaración patrimonial para magistrados, jueces, secretarios y oficiales mayores de los tribunales del país.

La ley sobre el enriquecimiento ilícito no incluía la obligatoriedad para los funcionarios judiciales. Sin embargo, ocho magistrados de la CSJ resolvieron que el numeral 24 del artículo 5 de la ley dejaba abierta la posibilidad para establecer el requisito a los encargados de los tribunales de la República.

Según el último consolidado de enero, elaborado por la Sección de Probidad, solo 23 de los 1,422 funcionarios judiciales obligados a presentar su declaración no lo han hecho aún.

El mecanismo para establecer las sanciones a quienes no declaran en el plazo establecido ha cambiado, según explicó ayer el magistrado de la Sala de lo Constitucional Florentín Meléndez. “Antes lo que se hacía era que circulaba el expediente de multa en los despachos, y ya con ocho firmas se imponía. Eso se tiene que hacer automáticamente porque es una cuestión de mero trámite. Ahora el nuevo presidente ha establecido un nuevo mecanismo porque hoy se revisa en Corte Plena. Eso puede atrasar cuestiones mucho más gruesas”, opinó el magistrado.

Tanto Meléndez como el magistrado de la Sala de lo Contencioso Roberto Argueta explicaron que las cuatro sanciones impuestas el pasado 14 de febrero no son las únicas que ha aplicado la CSJ en los últimos meses. Y tampoco significa, dijeron, que solo se haya multado a cuatro de los miles que infringen la ley.

Se intentó obtener el dato del total de funcionarios sancionados a la fecha, pero no hubo respuesta de la directora de comunicaciones de la institución. La oficina de transparencia de la CSJ tampoco ha publicado el listado de funcionarios multados.

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