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¿Por qué la Corte salvadoreña rechazó la petición de antejuicio contra tres jueces?

La Corte Suprema de Justicia escuchará la versión de otros tres jueces para decidir si autoriza que sean procesados, tal como lo solicita la Fiscalía.
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó tres de las seis solicitudes de antejuicio contra jueces que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) a finales del año pasado. Los magistrados votaron, casi de manera unánime, por rechazar las solicitudes de antejuicio en contra de la jueza de Sentencia de La Unión, Rosa Imelda Meza; el juez de Sentencia de Usulután, Hugo Noé García Guevara; y la jueza de Instrucción de San Miguel, Basilia Portillo, según consta en el acta del pleno del pasado 27 de febrero.

En el caso de Meza, la Fiscalía solicitó la apertura de un proceso judicial por el delito de prevaricato, es decir, por resolver sin apego a derecho de manera consciente. En el documento de solicitud de antejuicio la Fiscalía acreditó que la jueza realizó un juicio, en los primeros meses de 2015, que culminó con la sentencia a 15 años de prisión de Juan Antonio Guzmán Viera por el delito de violación a menor o incapaz. Según la versión fiscal, a pesar de que la sentencia fue condenatoria, la jueza decidió dejar en libertad al condenado hasta que la resolución estuviera en firme, es decir, hasta que las partes agotaran todas las instancias adonde presentar recursos.

En el acta del pleno en el que se decidió el caso consta que, luego de dar audiencia a la funcionaria, los magistrados resolvieron que la Fiscalía no fue precisa al establecer la relación entre la conducta de la jueza y el delito señalado. Los magistrados no aprobaron enviar una prevención al fiscal general, para que solventara ese punto.

Otro caso que fue detenido por el pleno fue el del juez de Sentencia de Usulután. En la investigación fiscal consta que en julio de 2016, él resolvió, de forma verbal, condenar a dos personas a 20 años de prisión cada uno por el delito de homicidio agravado. Los fiscales señalaron que luego el juez cambió su decisión en la resolución final escrita, entregada días después, en la cual modificó la sentencia para uno de los imputados, a quien le dio 13 años y cuatro meses de prisión en calidad de cómplice necesario.

Por lo anterior, la Fiscalía requirió a García Guevara por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica. Pero los magistrados de la CSJ analizaron que la Fiscalía no evacuó a tiempo la aclaración administrativa que le hicieron, y por lo tanto declararon improcedente la petición.

La misma suerte corrió el antejuicio solicitado en contra de la jueza propietaria del Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel. Según la Fiscalía, Portillo decidió revelar el nombre del testigo protegido “ADES”, el cual fue utilizado en el proceso en contra de tres ex jueces especializados de San Miguel. Sin embargo, el pleno decidió que no fue posible determinar la modalidad del delito de prevaricato, porque la FGR tampoco aclaró lo que le pidieron.

Los magistrados también resolvieron conferir audiencia al juez Primero de Paz de Metapán, René Danilo Ramírez; al juez Primero de Instrucción de Atiquizaya, Joaquín Francisco Molina; y al el juez suplente Miguel Ángel Barrientos; a quienes la investigación fiscal involucra en una red de corrupción en el occidente del país que incluye a abogados. El expediente fiscal de estos últimos tres jueces está sustentado en escuchas telefónicas en donde se evidencian favores ilícitos.

Un vocero de la Fiscalía explicó que hasta ayer no habían sido notificados oficialmente de la decisión del pleno de rechazar tres de los seis antejuicios.

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