Corte suspende a juez que omitió 100 resoluciones

Lo sancionaron con 6 meses sin goce de sueldo. FGR no ha dicho si casos se perdieron.
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Suspendido.  La Corte Suprema de Justicia determinó que el juez primero de Paz de Colón incumplió los plazos procesales al no entregar a tiempo más de 100 resoluciones, lo que podría derivar en liberación de imputados.

Suspendido. La Corte Suprema de Justicia determinó que el juez primero de Paz de Colón incumplió los plazos procesales al no entregar a tiempo más de 100 resoluciones, lo que podría derivar en liberación de imputados.

Auditoría.  El propietario del Juzgado Primero de Santa Tecla denunció  la mora que dejó el juez interino entre octubre de 2011 y  noviembre de 2012.

Auditoría. El propietario del Juzgado Primero de Santa Tecla denunció la mora que dejó el juez interino entre octubre de 2011 y noviembre de 2012.

Corte suspende a juez que omitió  100 resoluciones

Corte suspende a juez que omitió 100 resoluciones

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El juez primero de Paz de Colón, (La Libertad), Walter Rigoberto Girón Torres, incumplió con la entrega y elaboración de por lo menos 100 resoluciones, según una denuncia que recibió la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esa es la razón por la cual el pleno de la corte acordó sancionarlo.

La sanción fue aprobada el pasado 13 de enero por nueve magistrados de la CSJ y consiste en una suspensión de seis meses sin goce de sueldo. Girón Torres es el juez propietario del Juzgado Primero de Paz de Colón, pero entre el 24 de octubre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012 estuvo supliendo al titular del Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla. En su paso por el tribunal de Santa Tecla dejó pendiente la firma y entrega de resoluciones por escrito de casos que conoció en esa sede judicial.

El Departamento de Investigación Judicial de la Corte abrió un expediente al juez en julio del año pasado, cuatro meses después de que el juez propietario de Santa Tecla alertó a los magistrados sobre la mora que Girón Torres había dejado en ese tribunal.

“Se trata de un señalamiento grave en relación con la correcta administración de justicia y que permite la medida indicada (la suspensión), precisamente para sortear el riesgo de que tal conducta pueda seguir generándose en el tribunal que actualmente tiene a su cargo (el Primero de Paz de Colón)”, concluyeron los magistrados de la Corte.

La CSJ advirtió en su resolución que la suspensión sin goce de sueldo no constituye una sanción definitiva; sino una cautelar mientras se termina de investigar la conducta del funcionario judicial.

El propietario del Juzgado de Paz de Santa Tecla intentó declarar nulas algunas de las audiencias realizadas por Girón Torres para poder repetirlas y entregar el fallo a las partes, pero un tribunal superior revocó esa decisión. La Fiscalía General de la República (FGR) hizo saber a ese juzgado que ya no contaba con testigos para volver a celebrar esas audiencias.

La Fiscalía General de la República (FGR) no se ha pronunciado sobre las implicaciones de la falta de entrega de las 100 resoluciones. Este periódico gestionó hace dos semanas una entrevista con el jefe de la unidad fiscal de Santa Tecla. El personal de comunicaciones de la FGR dijo que revisarían si esos casos habían quedado impunes, pero a la fecha no han dado una respuesta.

La corte le ordenó a su departamento de Investigación Judicial que determine si el juez Girón mostró “ineptitud o ineficiencia manifiestas en el desempeño del cargo”, lo que según la letra b del artículo 55 de la Ley de Carrera Judicial es causal de remoción definitiva.

El juez no se pronuncia

El juez Girón Torres no quiso emitir comentarios sobre la sanción en su contra. Tampoco quiso explicar a qué se debió el retraso en la elaboración y entrega de las 100 resoluciones.

“Vía telefónica no puedo emitir opinión ni nada. Definitivamente me sorprende lo que usted me dice. No podría opinar, tal vez el lunes podría verificar”, acotó el funcionario al ser consultado vía telefónica por este periódico.

Ya hay varios antecedentes de liberación de procesados por retraso en la entrega de sentencias. En junio de 2013, la corte determinó que los cuatro juzgados Especializados de Sentencia del país habían incumplido con la elaboración de 525 sentencias de casos en los que los imputados ya habían enfrentado un juicio. Esto ocasionó la liberación de varios procesados que ya habían cumplido el tiempo máximo de detención provisional (24 meses) que estipula la ley.

La corte estableció en la resolución que Girón no podrá remendar su omisión, pero facultó al propietario del Juzgado de Santa Tecla para que tome las medidas necesarias para solventar el retraso.

Las resoluciones, según el artículo 396 del Código Procesal Penal, deben ser redactadas “dentro de los 10 días hábiles de haberse pronunciado el fallo verbal”. La legislación solo contempla una prórroga “por motivos excepcionales” de cinco días hábiles. Lo que sucede cuando los jueces no entregan a tiempo sus fallos es que se anulan los procesos y se tienen que volver a repetir. Eso ocurrió en julio de 2011 en otro tribunal de Santa Tecla: un total de 65 juicios contra menores de edad fueron anulados por el Juzgado Segundo de Menores de Santa Tecla, porque un juez suplente no elaboró las resoluciones escritas. La jueza propietaria del Segundo de Menores de Santa Tecla, Sandra Chorro, ordenó poner en libertad a varios menores que habían sido encontrados culpables por el suplente de ese tribunal, Raúl Martínez, por homicidio o por extorsión y fabricación de armas de fuego.

Martínez, en ausencia de Chorro, celebró una vista de causa (juicio) en la que condenó a un menor a siete años de internamiento por el asesinato de dos niñas que fueron estranguladas en 2008. La jueza declaró nula la audiencia y ordenó la libertad del condenado, ya que el suplente nunca elaboró el fallo escrito.

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