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Crece presión para diputados por ley de Reconciliación

La normativa deberá cumplir con los parámetros dados por la Sala y también por otros que recomendó la CIDH. Advierten que no debe contener elementos de amnistía respecto a crímenes de lesa humanidad ni prescripción de delitos.

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Pendientes.  La CIDH recalcó a los diputados que están pendientes del contenido que tendrá la Ley de Reconciliación y el nivel de cumplimiento de los parámetros dictados.

Pendientes. La CIDH recalcó a los diputados que están pendientes del contenido que tendrá la Ley de Reconciliación y el nivel de cumplimiento de los parámetros dictados.

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La Ley de Reconciliación Nacional que la Asamblea Legislativa apruebe debe cumplir parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ayer se conoció que la Sala dio una prórroga más a los diputados para que aprueben la normativa, esta es la segunda que otorgan durante lo que va de este año (ver nota en página 4).

Ante el anuncio de la Sala que coincidió con la visita de delegados de la CIDH a la Asamblea Legislativa, la presión hacia los diputados aumenta y las discusiones por esta ley chocan con las negociaciones que los parlamentarios hacen con el Gobierno para aprobar el Presupuesto General de la Nación para 2020.

En ese sentido, la segunda vicepresidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, expresó a los diputados que el organismo internacional del que es parte está al pendiente de las discusiones que hacen sobre la ley y que les preocupa que la normativa no responda a las necesidades de las víctimas.

"Manifestamos nuestra prioridad respecto de la Ley de Reconciliación Nacional y nuestra preocupación de que esa ley cumpla con los estándares interamericanos y la importancia de la memoria, verdad, justicia y reparación a las víctimas", dijo Urrejola.

En específico, la ley que apruebe la Asamblea a más tardar el 28 de febrero de 2020, tiene que cumplir los siguientes principios dictados por la Sala: el derecho a conocer la verdad, el acceso a la protección jurisdiccional, la reparación integral de los daños causados y la garantía de no repetición de los hechos.

Además, Urrejola dijo que tiene que cumplir otros dictados por la CIDH, como lo son la no prescripción de delitos de guerra, no contener elementos que permitan la amnistía a crímenes de lesa humanidad, justicia y verdad para las víctimas, penas proporcionales a los delitos cometidos y también la reparación integral.

"Estaremos atentos a ver finalmente cuál es el proyecto de ley que se apruebe para poder emitir una opinión final", adelantó la representante de la CIDH.

En la Asamblea se tienen sobre este tema dos anteproyectos de ley, uno que presentaron organizaciones sociales y que tiene el respaldo del FMLN y CD; y el otro que es respaldado por las fracciones de ARENA, PDC y PCN.

La discusión sobre la ley en mención se encuentra en la comisión política de la Asamblea, esto después de que una subcomisión hiciera diversos estudios y consultas con los sectores interesados y emitieran un informe que contiene los dos anteproyectos.

Ante la disyuntiva que atraviesa el Pleno Legislativo, el presidente de este Órgano de Estado, Mario Ponce, dijo que formular una ley que cumpla con los parámetros indicados les ha resultado una tarea complicada.

"El mandato que se le dio a esta Asamblea Legislativa fue concreto, fue muy expreso, pero es una ley compleja y deberán entender ustedes que el tiempo que se nos da para construir o formular una ley con las cuatro recomendaciones de la Sala de lo Constitucional no era tan fácil", dijo Ponce.

El legislador dijo que un tema por el que no se pueden poner de acuerdo es el relacionado a las penas y señaló que tratarán de evacuar esto primero.

Adquirió el compromiso ante la CIDH de mover el tema para que antes del 28 de febrero próximo ya esté aprobada la ley.

Ratificación de tratados

Por otra parte, la CIDH instó a los diputados a que ratifiquen la suscripción de diversos tratados, con el objetivo de garantizar que el Estado salvadoreño respeta los Derechos Humanos.

Hubo dos sobre los que la Comisión hizo especial énfasis: el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes; y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Protocolo Contra la Tortura, según lo que dijeron, está estancado en la comisión de relaciones exteriores desde 2018.

Fue el 22 de mayo del año pasado a las 2:04 P.M. que la Asamblea Legislativa recibió la petición firmada por el entonces viceministro de relaciones exteriores y encargado del despacho, Carlos Castaneda, así lo hace constar el documento que está disponible en la web.

En el documentos que la Cancillería envío están las opiniones de ministerios como el de Defensa y el de Justicia y Seguridad que hacen constar que no tienen objeciones con la ratificación de este acuerdo internacional.

En junio pasado, organizaciones sociales llegaron hasta la Asamblea a exigirles que ratifiquen el convenio internacional, sin embargo, a la fecha continúan sin hacerlo.

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