Criminalistas disienten de estado de excepción

Además, un grupo de pastores luteranos acudieron ayer a la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que no aprueben la medida, que analiza el Ejecutivo.
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Aplicación.  La declaratoria de un estado de excepción implicaría mayores atribuciones para el Ejército en territorios con alto índice delincuencial.

Aplicación. La declaratoria de un estado de excepción implicaría mayores atribuciones para el Ejército en territorios con alto índice delincuencial.

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Dos criminólogos consultados ayer se unieron a las voces disidentes ante la posibilidad de implementar un estado de excepción, en municipios con altos índices de criminalidad, una posibilidad que está siendo analizada por el gobierno central.

Ricardo Sosa, criminólogo y consultor en temas de seguridad pública, opinó ayer que “creo que no estamos en el punto de quemarnos el último cartucho que nos da la Constitución (de la República)”, y agregó que los estados de excepción, o de sitio, que el país ha experimentado previamente “han sido en un contexto completamente diferente”.

“El estado de excepción lo único que vendría es a generar una mayor frustración en la población porque nadie que esté con sus cinco sentidos, y que haya estudiado un poco, va a resolver en 30 días la situación que tenemos”, añadió.

Sosa hacía referencia a los artículos 29 y 30 de la Constitución de la República, que habilitan los estados de excepción y establece un plazo máximo de 30 días para implementarlos de forma parcial o total.

Por su parte, el también criminólogo Carlos Carcach tampoco cree que el estado de excepción colabore en paliar los altos índices de homicidio registrados en lo que va de 2016, que han alcanzado un promedio de 24 víctimas diarias. “No parece ser una respuesta adecuada para mitigar el problema de seguridad que hay en el país”, dijo Carcach, quien cree que si la medida se hubiese implementado antes, “tal vez podría haber tenido algún tipo de respuesta”.

El criminólogo no cree que la medida pudiera tener impacto ahora, “porque los territorios están más controlados por las pandillas”, dijo.

El académico Carlos Cañas Dinarte explicó ayer que los estados de sitio en el país, en décadas anteriores, han sido frecuentes. “Hubo períodos presidenciales a inicios del siglo XX en los que el país pasó casi todo el mandato bajo estado de sitio. Un ejemplo de eso es el del general Fernando Figueroa, de 1907 a 1911. Es decir, lo que hay que ver no es cuántas declaratorias se hayan dado, sino la extensión de las mismas y los motivos que las originaron. La mayor parte de veces fue por sediciones, intentos de golpes contra el Gobierno o movimientos revolucionarios de izquierdas”, comentó.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo ayer, durante una entrevista televisiva en Canal 10, que “hay que evaluar si realmente estas medidas podrían convenir a la actividad de la policía y poniendo en la balanza qué beneficios trae para el accionar de la policía, y qué acciones de estas podrían afectar los derechos de los ciudadanos y la actividad ordinaria, económica y social de las comunidades”.

Pastores de la iglesia luterana también mostraron ayer su desacuerdo con la posibilidad del estado de excepción, ya que llevaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que no apruebe la medida.

El pastor Medardo Gómez dijo que esta propuesta no es factible porque “los ciudadanos pierden sus derechos. Hay que utilizar el diálogo. Este es un trabajo que le corresponde a la policía”. A los pastores les informaron que los diputados no podían recibir la pieza de correspondencia porque se encontraban en una reunión.

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