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Cristiani sobre la masacre de los sacerdotes jesuitas: no es un crimen de lesa humanidad

El apoderado del expresidente de El Salvador presentó sus argumentos al Juzgado Cuarto de Instrucción, que decidirá si reabre el caso.
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La última misa de aniversario de la masacre fue presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez

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El apoderado legal del expresidente de la República, Félix Cristiani, remitió un escrito al Juzgado Tercero de Paz de San Salvador para contestar a la solicitud de reapertura del caso jesuitas. En el documento el representante de Cristiani señala que el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, a manos del ejército en noviembre de 1989, no puede ser considerado un crimen de lesa humanidad, sino que debe seguir siendo tratado como un asesinato, es decir, como un “delito común”.

 

Mario Machado, el apoderado legal de Cristiani, argumenta en el escrito que en la causa en la que fue liberado de culpa Cristiani, en diciembre del 2000, no se podía configurar un crimen de lesa humanidad debido a que en ese momento no existía “asidero legal” para presentarlo como tal, y el Estatuto de Roma, que norma los requisitos legales para llamar a un crimen de lesa humanidad, no estaba ratificado por El Salvador en aquel momento.

 

Según el abogado, en el análisis de la reapertura deben seguirse los criterios establecidos por la investigación fiscal de diciembre del 2000 y en esta no existen “variantes que permitan hoy apreciar que estamos frente a un delito de lesa humanidad”.

 

El abogado señala que a pesar de la derogación de la Ley de Amnistía no es jurídicamente válido que se juzgue a Cristiani dos veces por la misma causa, ya que, a su juicio, el juez instructor no tiene la posibilidad de dejar sin efecto la decisión del sobreseimiento definitivo ni exigir la presentación de requerimientos fiscales.

 

“No constituyendo el presente caso un crimen de lesa humanidad, sino más bien un delito común que debe someterse a la jurisdicción penal interna de nuestro país, y en vista que han transcurrido un poco más de veintiocho años desde la comisión del ilícito penal atribuidos presuntamente a los procesados, hasta la fecha de la presentación de esta solicitud, extinguiendo consecuentemente la acción y responsabilidad penal de los imputados, que conllevó a sobreseerlos definitivamente”, planteó el abogado de Cristiani.

Machado señala que los abogados de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que solicitaron la reapertura del caso están incurriendo en un fraude de ley con su petición, y que estos deberían haber acudido primero ante la Fiscalía General de la República (FGR).

 

Representantes de la UCA han dicho que promoverían una posible conmutación de la pena establecida a los actores intelectuales de la masacre siempre y cuando reconozcan la verdad y pidan perdón públicamente.

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