Críticas para la Sala Cnal. por limitar el acceso a información

El Instituto de Acceso a la Información y el Grupo Promotor reprocharon a los magistrados de la Sala de lo Constitucional los límites que han impuesto al derecho de acceso a la información pública.

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Hay tres tipos de información que, por decisión de la Sala de lo Constitucional, no podrán exigir los ciudadanos: información sobre “aspectos superfluos”, como por ejemplo, datos sobre uso de mobiliario, papelería o equipo asignado a empleados o funcionarios públicos para desempeñar su función. Además, las instituciones públicas podrán negar información a los ciudadanos cuando denoten que esa información “implique un importante desvío de recursos humanos y materiales para su producción” o cuando consideren que la solicitud busca bloquear el trabajo de la institución. Los ciudadanos tampoco podrán pedir información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los titulares actuales de las instituciones, y que no fueron documentados.

Esos tres límites que impuso la sala constituyen un grave retroceso en materia de transparencia y limitan el derecho al acceso de la información pública de los ciudadanos. En eso coincidieron ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que, por separado y en distinto tono, cuestionaron a los magistrados por imponer nuevas causales para que las instituciones nieguen información pública a la ciudadanía.

La sala emitió los tres criterios en la resolución 713-2015, publicada el pasado lunes, con la cual declaró como incumplida la sentencia sobre viajes realizados por el expresidente Mauricio Funes y su exesposa.

Los comisionados del IAIP rechazaron ayer la resolución, la cual calificaron como un retroceso porque consideran que la Sala de lo Constitucional impuso barreras a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho a la información. Según el análisis del instituto, la decisión de la sala impedirá, por ejemplo, que los ciudadanos pidan que se reconstruya información sobre operativos militares realizados durante la guerra civil.

El instituto dejó entrever que los magistrados de la sala se extralimitaron al poner tres causales para denegar información que ni siquiera está en la LAIP.

“Nos preocupa que se estén estableciendo más barreras... La información superflua ¿quién la va a calificar? Este tipo de resoluciones dañan al país”, dijo la comisionada Herminia Funes, quien considera irónico que la Corte Suprema de Justicia remodele su oficina de Probidad cuando en la práctica los magistrados están tomando decisiones como la tomada por la sala el lunes.

“Al limitar el acceso a la información se debilita el combate a la corrupción... Un titular que esté a punto de salir no documenta para que cuando haya cambio de titular no puedan solicitar esta información. Esa es una gran barrera”, dijo César González, de la Unidad Jurídica del IAIP.

González mencionó que si anteriormente se hubiesen aplicados los criterios que ahora dicta la sala, hubiese sido imposible conocer, por ejemplo, los gastos en licor en los que incurrió la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, o los nombres de los asesores de l a Asamblea Legislativa.

El IAIP también instó a los ciudadanos a acudir a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder seguir ejerciendo su derecho de acceso a la información.

Piden revertirlo

Por su parte, el Grupo Promotor también reaccionó ayer ante el fallo de la sala. Las organizaciones que conforman esa red dijeron que les “preocupa en sobremanera” y les sorprende los límites impuestos por la sala, debido a que “constituyen restricciones injustificadas”. El Grupo Promotor dijo que “se debe avanzar y no retroceder en el goce del derecho de acceso a la información pública”, por lo que pidió a la Sala de lo Constitucional que “revierta estos criterios que limitan el derecho de acceso a la información pública, para guardar la coherencia de la jurisprudencia de esta sala y para continuar el trabajo por promover un Estado más abierto”.

El Grupo Promotor coincide con el IAIP que al dejar a discreción de los funcionarios la denegatoria de información que consideren superflua, se abre demasiado espacio a la opacidad porque se trata de un concepto demasiado subjetivo. Además la red de organizaciones considera que el criterio que impide a los ciudadanos pedir información que no fue archivada por los titulares anteriores a los que reciben la solicitud, contradice “el principio de que el Estado y sus instituciones tienen personalidad jurídica propia y que los funcionarios simplemente les representan por el período que duran en el cargo”.

La explicación de la sala

Ayer mismo, el magistrado Sidney Blanco justificó los límites al derecho de acceso a la información incluidos en la resolución: “Es cierto que el acceso a la información es un derecho, pero tiene unos límites por la Constitución o por las leyes secundarias, por lo tanto no se pueden extralimitar los ciudadanos”, declaró.

Uno de los motivos para aclarar esos límites, según dijo, fue que han detectado que hay solicitudes de información que lo que buscan es distraer a las instituciones. “En los últimos días ha aparecido un medio digital y en declaraciones de unas ONG en donde se expresa que la Sala de los Constitucional ha implicado un retroceso en la tutela del derecho a la información pública. Esa afirmación es equivocada porque la sala ha interpretado adecuadamente la Constitución y la LAIP y establecer que los derechos constitucionales no tienen carácter absoluto”, afirmó el magistrado.

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