Cuestionado anticipo de CEL a ASTALDI para El Chaparral

La CCR señaló inicialmente que ASTALDI no presentó documentos de respaldo para liquidar un anticipo de $60 millones. Ese es uno de los reparos que desaparecieron en informe final. Solo subsiste un hallazgo.
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Trasladado.  Alemán fue llevado en vano al tribunal. También enfrenta un proceso por extorsión, que le fue añadido luego de ser detenido con droga implantada por agentes.

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Cuestionado anticipo de CEL a ASTALDI para El Chaparral

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Un anticipo millonario para la construcción de la presa El Chaparral también fue cuestionado en la Corte de Cuentas de la República (CCR). Los auditores señalaron irregularidades sobre el manejo de $145,051,815.09, monto que corresponde a la suma de $60,051,815.09, que estaban en una cuenta de anticipo a la empresa constructora ASTALDI, que no fueron liquidados ni justificados y se trasladaron a otra cuenta de gastos de forma indebida; más una valoración de la obra por $85 millones, cantidad que, según los auditores, no se respaldó con documentos y sirvió de base para la liquidación del contrato, un arreglo q investigado por la Fiscalía.

Esos dos hallazgos están entre los que no llegaron a un juicio de Cuentas luego de que, según los papeles de trabajo del caso, pasaran por filtros institucionales que en el informe final redujeron el caso únicamente al cuestionamiento de $210,000, por gastos de oficina de alquiler y un reembolso injustificado a la empresa evaluadora Euroestudios-INGETEC.

Los $60,051,815.09 señalados inicialmente en la Corte de Cuentas corresponden a la suma de $27,066,738.59 y $32,985,076.50 de saldos en la cuenta de anticipo correspondientes a 2008 y 2009, respectivamente, de los cuales ASTALDI no presentó avances de obra recibida o documentación de respaldo. Según el borrador del informe especial por el contrato para la construcción de la presa, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) obvió el procedimiento contable a seguir cuando el contratista no presenta respaldos, y sumó esos montos a la cuenta de Producción de Bienes y Servicios, afectando lo que originalmente se había dispuesto en el presupuesto para dicho rubro.

Como descargo, la CEL les dijo a los auditores que según su interpretación, la normativa que señaló la CCR “no es aplicable al saldo relacionado”, debido a que “el registro de la provisión no liquidada no está asociado a adquisiciones de bienes y servicios recibidos de los que a la fecha del registro inicial no se disponía de documentación de respaldo”.

Según la CEL, de los $65,970,152.99 que le otorgaron a ASTALDI como anticipo entre 2008 y 2009 para ejecutar las obras, únicamente era procedente saldar $5,918,337.90, los cuales sí fueron liquidados y justificados como parte de “avance de obra por desvío de río”. “Debido a que al 31 de diciembre de 2011 aún estaban pendientes de liquidar saldos del anticipo concedido a la empresa ASTALDI, S. p. A, por $60,051,815.09, por efectos de aplicación de la normativa contable antes expuesta, no era procedente liquidar el saldo de la provisión a esa fecha”, justifica la CEL en los documentos de descargo del proceso.

Los contralores de la CCR respondieron a los comentarios hechos por la CEL y contra argumentaron que esos fondos se devengaron sin existir un compromiso real por parte de ASTALDI, ya que la CEL no contó con la documentación probatoria que justificara los registros que el contador institucional liquidó. Los auditores también mantuvieron que se hizo un mal manejo de los montos de anticipo, por los que no se presentó la documentación de respaldo.

En cuanto a los $85 millones restantes, los auditores señalaron que ese fue el monto en que se valoró la obra civil, bienes y servicios del proyecto sin documentación que respaldara el valor fijado. Y que ese mismo monto sirvió para la negociación del arreglo final del contrato, con el que el Gobierno pagó $108.5 millones a la constructora, pese a tener un contrato llave en mano que no permitía modificaciones. La CEL realizó un trato bilateral con la empresa ASTALDI durante la administración del expresidente Mauricio Funes, luego de que la empresa señaló algunos imprevistos para abandonar la obra.

Los auditores describieron en su investigación que los supervisores externos de la obra entregaron tres opciones para hacer la valoración de la obra, las cuales contenían igual valor en los costos directos ($63,255,582.00). La administración de CEL tomó la decisión de pagar de acuerdo con una valoración de $85 millones , sin hacer caso al valúo de los costos totales propuestos por los supervisores externos, lo que incrementó el rango a pagar, “afectando así la economía y el uso eficiente de los fondos institucionales”.

Sobre este último valúo, al cierre del informe preliminar, la CCR no había recibido comentario alguno por parte de la administración de la CEL.

Hallazgos anulados

En los documentos de trabajo que utilizaron los auditores de la ejecución de la obra El Chaparral consta el borrador del informe final corregido por el director de Auditoria Cuatro, Wilfredo Aguilar Montecinos, quien objetó el hallazgo sobre la no liquidación de $60 millones sin plasmar en el documento.

“El fundamento técnico es muy débil, a mi juicio profesional y a la luz de la normativa aplicable, la observación se desvanece”, se lee el comentario del director en el documento.

En cuanto al reparo de la valoración injustificada de $85 millones, esta no se encontraba en el informe observado por Aguilar Montecinos. El funcionario aún no responde a una solicitud de entrevista realizada por este periódico para conocer los criterios aplicados para emitir un resultado favorable para los auditados, y tampoco se han pronunciado los titulares de la Corte de Cuentas.

Son en total seis hallazgos que los auditores señalaron en el informe inicial. Los otros tenían que ver con un registro extemporáneo de medio millón de dólares por la comisión de un préstamo con el que se estaba financiando parte del proyecto; otro era por el uso inadecuado del anticipo que recibió ASTALDI por $7.6 millones, otro por atrasos en la ejecución del proyecto.

El único de los hallazgos que sobrevive a la fecha, y sobre el cual los jueces de la Cámara Primera de Primera Instancia están dirimiendo, es el de gastos de oficina y alquiler injustificados por un monto de $210,912.71. Uno de los magistrados de la Cámara de Primera Instancia apuntó en septiembre del año pasado que recibieron un informe con deficiencias, que algunos documentos fueron reportados como extraviados y otras irregularidades, como situaciones que no fueron reportadas por los auditores en el documento que llegó a esa cámara. La Fiscalía General de la República (FGR) no ha recibido la denuncia formal ante dichos señalamientos, según el director de Comunicaciones de esa institución.
 

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