Cuestionan contrataciones y seguro médico en la Asamblea

Representantes de FUNDE y DTJ consideran que el congreso abusa en la contratación de militantes. Sugieren que seguro médico solo sea para empleados y no para diputados.
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Cuestionan contrataciones y seguro médico en la Asamblea

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La Asamblea Legislativa abrió 499 nuevas plazas en el año legislativo 2015-2016, que representa el primero de gestión de la actual legislatura. Esas nuevas plazas, según información obtenida por este rotativo, han sido ocupadas, en su mayoría, por militantes de los partidos. De hecho, para 2016 los partidos en el congreso trasladaron a 171 de sus empleados que también son militantes a plazas en el área institucional, con lo que les quedó espacio para contratar a más personal afín a los partidos.

Para Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico (FUNDE), lo que queda en evidencia con la investigación periodística es que en la Asamblea ha existido falta de transparencia, lo cual ha permitido que se convierta “en una agencia de empleo para militantes, amigos, novios, novias y familiares”.

Rubio consideró que es momento para que se establezcan regulaciones y criterios para la contratación de personal idóneo asignado y no dejarlo a discrecionalidad de los grupos parlamentarios o de la presidencia. “Sobre todo en esta época de austeridad, deberían ser más exigentes, porque si el criterio es que es militante para dar empleo o es para ayudar: eso redunda en ineficiencia y en desprestigio”, dijo Rubio Fabián.

Mientras tanto, Roberto Burgos Viale, director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), consideró que la Asamblea sigue abusando de la autonomía.

“Lamentablemente nuestra Asamblea Legislativa ha hecho y sigue haciendo abuso de la independencia con la que cuenta y de la autonomía que la misma Constitución le reconoce para aprobar su propio presupuesto. Esto se está convirtiendo, y desde la gestión anterior del diputado Sigfrido Reyes, como un cheque en blanco para realizar adquisiciones y contrataciones”, expresó Burgos Viale.

Otro aspecto que criticaron es el gasto de $6.5 millones en seguro médico que la Asamblea paga con el impuesto de los salvadoreños para beneficiar a 5,439 personas.

Según Burgos Viale, los diputados deben renunciar al seguro médico y este solo debe ser para los empleados del congreso y los familiares de estos. “Este es un conflicto de interés que debería resolverse. Debería mantenerse en todo caso para los trabajadores fijos de la Asamblea Legislativa, pero los diputados, que son los que votan por el seguro, deberían renunciar al seguro inmediatamente”, dijo Burgos Viale.

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