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Cuestionan el uso que el GOES hace del concepto de "orden público"

Abogados y diputados consideraron que el GOES no tiene claro dicho concepto, usado para intentar justificar la aplicación de la retroactividad en la no prescripción de delitos de corrupción.

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La propuesta. Los diputados de la comisión de Legislación analizarán la propuesta de reforma presentada por el ministro de Seguridad.

La propuesta. Los diputados de la comisión de Legislación analizarán la propuesta de reforma presentada por el ministro de Seguridad.

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Bueno en su concepción, confuso en su ejecución. Así podría definirse la iniciativa presentada por el gobierno a la Asamblea Legislativa para reformar el artículo 32 del código procesal penal, para pedir la no prescripción de los delitos de corrupción con carácter retroactivo.

Lo anterior es la conclusión que se desprende luego que abogados y diputados analizaran la propuesta hecha por el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado martes, la cual contiene varios vacíos y vicios; lo que reflejaría que el gobierno busca justificar su persecución hacia adversarios antes que montar un verdadero orden jurídico para perseguir la corrupción.

El primer hueco que saltó a la vista es la declaratoria de orden público que Nayib Bukele defendió para la reforma. Según el artículo 21 de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia quien tiene que determinar si una ley aplica para dicha distinción o no.

Sin embargo, ese escenario es casi que impensable para diputados de oposición, tomando en cuenta que el oficialismo ha copado la CSJ tras el golpe del 1 de mayo y el nombramiento de cinco magistrados más, la última semana de junio.

“La Ley Alabí es uno de esos ejemplos donde hay una gran contradicción, entre una agenda anticorrupción y una ley que garantiza impunidad”.

Johnny Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo.

"He hablado con juristas, en el caso que se dan leyes como estas que tienen vicios de inconstitucionalidad, hay quienes creen que al presentar una demanda a la Corte actual se validaría a la misma. El sistema que quedó el primero de mayo es uno de inseguridad jurídica para nuestro país", indicó en ese punto Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo).

En ese punto coincidió Dina Argueta (FMLN), quien también cuestionó que la iniciativa promovida por el oficialismo es similar a una que Nuevas Ideas envió a archivo en la comisión de legislación.

"Estamos en un momento en que las instituciones, la CSJ, la FGR están supeditadas a las decisiones desde Casa Presidencial. Sabemos cómo ha sido su nombramiento. Por eso cuando hablamos de un debido proceso, de garantías, tenemos falencias y debilidad en el sistema porque las instituciones no están funcionando de manera independiente", criticó.

Luego, desde el punto de vista jurídico, el abogado Enrique Anaya y la abogada Marcela Galeas coincidieron en que el GOES se equivoca en su planteamiento para darle validez a la retroactividad.

"No han entendido a qué va enfocado el orden público"

El primer gran punto que ambos juristas ven es que no hay un concepto único sobre qué es "orden público". Eso permite que sea interpretado o aplicado de manera subjetiva por quienes pretendan hacer uso de él en sus normativas.

"Las referencias al contenido y significado de ‘orden público’ son genéricas, no unívocas. En todo caso, la jurisprudencia nacional ha expresado que se refiere al ‘conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a las personas’", escribió Anaya, en un hilo de Twitter, en el cual citó la resolución 132-2013 de la Sala de lo Constitucional como referencia del concepto.

“La ley puede establecer que la CSJ determina, sin embargo, sabemos que la misma Corte  cómo ha sido su nombramiento en los últimos tres meses”.

Dina Argueta, diputada del FMLN.

Luego, Galeas aseguró que el orden público "ha de referirse a la aplicación de o creación de artículos o de alguna legislación que venga en pro de armonizar las actuaciones de gobernados, ciudadanos, para garantizar el pleno goce de derechos y garantías dentro de la sociedad".

Partiendo de lo anterior, Anaya explicó que el derecho punitivo forma parte del orden público, pero que la misma Constitución ya estableció que la retroactividad de leyes punitivas solo pueden operar si son favorables a los reos. Y eso no sería el caso en la persecución de casos de corrupción del pasado.

"Es lo que en derecho constitucional llamamos, desde más hace 70 años: prohibición de retroactividad penal desfavorable", sentenció Anaya.

Luego, Galeas fue un paso más allá en sus valoraciones, ya que no solo consideró que los jurídicos de Casa Presidencial no redactaron con claridad la propuesta de reforma de ley, sino que se quedaron cortos, al no incluir detalles como las consecuencias de su aplicación o un límite temporal a la retroactividad. "No han establecido en cuánto la temporalidad, retroactivo hasta cuándo", cuestionó.

“En materia penal, así sea de orden público y así lo diga la Asamblea, la retroactividad únicamente es válida si es favorable al imputado”.

Enrique Anaya, abogado.

"Le falta claridad a la manera de redacción de esta reforma. Debido, primero, a que no aclara los efectos. Segundo, que no es la forma de, porque para establecer una reforma, una redacción de este tipo, debían primero de armonizar con la constitución lo referente a la prescripción de estos delitos y de la aplicación de la retroactividad", consideró Galeas.

En lo relacionado a efectos, la abogada mencionó que la posibilidad de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción abre la puerta a crear nuevas figuras delictivas.

"Si vemos la mayoría de delitos de corrupción, la penalidad es bastante baja. Eso no lo tocaron. Tenía que haber sido primordial que lo tocaran, claro está, si es que lo que se busca es realmente combatir la corrupción y no dar una persecución hacia adversarios políticos", opinó la abogada, que no descartó que una aprobación de la reforma implique violar tratados internacionales firmados por el país en el tema de la no retroactividad de leyes.

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