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Cuestionan falta de voluntad para regular la reapertura en El Salvador

Los diputados ven difícil llegar a un acuerdos con el Ejecutivo, a quien responsabilizan de la confrontación. La falta de consenso podría incluso ser razón para que la Sala declare inconstitucional el decreto legislativo 661.

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Analistas y políticos coincidieron en la necesidad de un acuerdo entre los órganos Legislativo y Ejecutivo, para aprobar una ley que ordene el manejo de la pandemia de covid-19 en El Salvador, pero ven difícil que esto se logre.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto 32, que regulaba la reapertura económica. Una vez más basó su sentencia en el hecho de que el Ejecutivo no puede restringir derechos fundamentales, como la libertad económica o el trabajo, sin una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

"La única autoridad estatal que puede suspender o limitar derechos constitucionales entre ellos la libertad de circulación, el derecho al trabajo, la libertad de empresa, es la Asamblea Legislativa y no el órgano Ejecutivo", explicó el abogado constitucionalista Enrique Anaya.

Para el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, los argumentos de la Sala son un indicio de que el Decreto Legislativo 661, que está siendo analizado, podría ser declarado inconstitucional.

"La controversia del decreto legislativo 661 queda como resuelta prácticamente porque la Sala le ordena a los dos órganos que se pongan de acuerdo", dijo.

En ese sentido, se tendría que crear una nuevo decreto legislativo. "Nosotros debemos de volvernos a sentar. La sentencia nos manda a que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo", apuntó Portillo Cuadra.

Las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo han sido tensas. Portillo Cuadra dijo que hay voluntad de llegar a acuerdos, pero no de ceder facultades al Ejecutivo, un error que considera que cometieron en el pasado.

Leonardo Bonilla, diputado no partidario, explicó que si bien el Ejecutivo tiene atribuciones para emitir decretos en materia administrativa, pero no "en materia de restricciones o regulaciones que puedan limita derechos".

Considera que el problema se ha dado no porque el Ejecutivo rechaza cualquier decreto que emita el Legislativo, pues no son "conforme a su voluntad".

"El Ejecutivo después de vetar los decretos legislativos, decide emitir los decretos porque los legislativos que se emiten no son conforme a su voluntad, no en relación a las necesidades de la población salvadoreña, sino a su voluntad", dijo.

A su juicio, el Ejecutivo es el principal responsable de la confrontación entre poderes "al no aceptar decretos legislativos que probablemente son una buena herramienta, porque simplemente no son como él los ha solicitado".

Bonilla señala que "debería de haber un acercamiento" y que por su parte hay voluntad, pero no cree que este se dé, sobre todo por que el país está entrando en período electoral y las críticas ya sea a la Asamblea o al Gobierno son parte de las estrategia política de los candidatos.

"Veo muy difícil que exista un acercamiento en el corto plazo y tomando en cuenta que se viene un período electoral y la pandemia se está viendo de forma electorera", apuntó.

Por su parte, el diputado del FMLN, Manuel Flores, cuestionó que el Gobierno ha dejado a su partido fuera de las discusiones cuando estas involucran financiamiento o asignación de fondos.

"Jamás han invitado al FMLN a negociar. Cuando se trata de dinero, cuando se trata de reorientaciones, no nos llaman y lo han dicho los mismos ministros".

Los gobiernos del FMLN se caracterizaron también porla confrontación entre poderes, no con la Asamblea Legislativa, sino con la CSJ, específicamente con la Sala de lo Constitucional.

Flores admitió que en su momento no estaban de acuerdo a las sentencias del tribunal, pero que las respetaron.

"Siempre fuimos respetuoso de la ley, por eso tenemos la autoridad moral para hacer los respectivos señalamientos, lo que la Sala dijo es bien sencillo: zapatero a tus zapatos", aseveró.

Flores agregó que como bancada tienen voluntad para dialogar, pero que hay puntos que no son negociables, como la transparencia en las compras públicas y cuestionó si la intención del Ejecutivo es que se decrete un estado de emergencia para saltarse los procedimientos: "Lo que no es negociable son los derechos humanos de la gente, lo que no es negociable es que estén haciendo chanchuyos y robos al pueblo y que estén comprando productos a sus familiares. Lo que no es negociable es que no quieran informar en qué se han gastado el dinero".

En los últimos meses se han dado a conocer varios casos de irregularidades en las compras públicas que involucran a funcionarios, como el mismo ministro de Salud, Francisco Alabí, para beneficiar a familiares.


 El actuar de la sala

Daniel Olmedo, abogado constitucionalista, consideró que la Sala fue “condescendiente” porque el ministro de Salud incumplió una orden judicial y que incluso pudo haber pedido acción a la Fiscalía. Sobre el Decreto 33 que publicó el Gobierno ayer, señaló que es “absurdo” porque la Sala ya había establecido la vigencia del Decreto 32.  

Claudia Ortiz, del partido VAMOS, consideró que la sentencia de la Sala se contradice en cuanto a que dice que el Decreto 32 no tiene valor jurídico, pero le otorga valor al mantener su vigencia hasta el 23 de agosto. Anaya coincidió en este punto e incluso señaló que la Sala está “permitiendo que el Ejecutivo se burle de sus sentencias”.

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