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Cultura avaló desaparecer tres edificios protegidos

La construcción de la nueva biblioteca implicará no solo la demolición del inmueble actual, sino de toda la manzana, donde se encuentran otros dos edificios protegidos. Especialistas consideran que el Ministerio de Cultura no ha seguido los pasos para adoptar una decisión de ese tipo.

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Demolición. Para este proyecto se va a demoler toda la manzana 7, situada entre la Avenida Cuscatlán y 2ª Avenida Sur, frente a la Plaza Gerardo Barrios.

Demolición. Para este proyecto se va a demoler toda la manzana 7, situada entre la Avenida Cuscatlán y 2ª Avenida Sur, frente a la Plaza Gerardo Barrios.

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Incertidumbre y muchas dudas genera la demolición de la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia (BINAES). Los trabajos han iniciado. El primer paso fue el retiro de circulación de varias rutas de buses. Luego, hace un par de semanas, la construcción de un muro de protección en la plaza Gerardo Barrios, y hace unos días, el retiro de los vendedores de sus alrededores. Todo eso indica la preparación para derribar el histórico inmueble.

Sin embargo, para construir en esa misma ubicación la nueva biblioteca, un edificio que contará con siete pisos y un auditorio, y tendrá un costo de $54 millones, esta no será la única estructura que se echará por tierra. Para llevar adelante el proyecto, que se realizará como parte de una cooperación no reembolsable del gobierno de la República Popular China, el gobierno salvadoreño prevé demoler toda la manzana situada entre la Avenida Cuscatlán y la 2ª. Avenida Sur.

Esa decisión está plasmada en la resolución RD-0899/2019 del Ministerio de Cultura, firmada por la directora de Patrimonio Cultural y Natural, Ana María Isaura Aráuz, el 17 de septiembre de 2019. En ella, la cartera de Estado argumenta, sin dar detalles, que la actual BINAES ha sufrido graves daños que la comprometen y ponen en riesgo a los usuarios, a la vez que concluye que el terreno que ocupa tiene una ubicación estratégica debido a sus valores histórico, urbano, social, de uso y simbólico. Por ello resuelve que este es de "interés social cultural" y debe, por lo mismo, "ampliarse a los terrenos que complementen la manzana sugerida para la nueva construcción".

"La nueva construcción deberá crecer en sus dimensiones, necesitando ampliarse de la parcela actual, hasta complementar la manzana", se lee en una parte del documento. El nuevo inmueble que se erigirá contendrá en su seno también, según el citado dictamen, al Archivo General de la Nación.

Dicha manzana, catalogada como A-7 en la resolución interna MP 001/2016 de la entonces Secretaría de Cultura (Secultura), que establecía medidas de protección para el Centro Histórico, es un espacio que además de la actual BINAES alberga también a otros dos edificios igualmente protegidos: el del Banco Hipotecario y el Rodríguez Porth. Ambos están agrupados bajo la Protección Parcial 2, aplicable "a todas aquellas edificaciones de valor cultural representativas de un momento arquitectónico de la historia del país o que hayan sufrido sucesivas transformaciones, pero que conserven sin alterar parte de sus elementos estilísticos, volumétricos y espaciales originales". Su protección está apenas un nivel por debajo del aplicado a la actual biblioteca.

Su inminente derribo se vuelve polémico, puesto que en el caso de la BINAES, contrario a lo resuelto por Cultura y lo declarado recientemente por el presidente de la República en redes sociales, no hay estudios que demuestren que esta presente daños estructurales que vuelvan necesaria su demolición. Lo mismo aplica para las otras dos edificaciones.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó a través de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Vivienda, un listado con los edificios clasificados con bandera roja, naranja y verde en el Centro Histórico y recibió la lista de edificaciones que resultaron dañadas por el terremoto de 2001 en todo el territorio nacional.

Dicho registro fue elaborado por el Comité de Evaluación de Daños, integrado por el Ministerio de Obras Públicas, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos y la Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines hace 20 años, y a la fecha no existe otro estudio similar.

En él, la biblioteca aparece catalogada bajo bandera verde, lo que indica que es una edificación "sin daño visible en los elementos estructurales".

Asimismo, en una entrevista que brindó en mayo a LA PRENSA GRÁFICA, el ingeniero residente que estuvo a cargo de la construcción del edificio, José María Durán, explicó que en aquel momento (1958) el inmueble se convirtió en el primero de estructura metálica que se creó en el centro de San Salvador, con una "estructura muy sólida" que incluso comparó con la del emblemático rascacielos de Nueva York, el Empire State Building.

A diferencia de la situación estructural de la biblioteca, la del edificio Rodríguez Porth no aparece consignada en el informe de 2001. No obstante, según el esquema "Estado de los inmuebles con valor histórico", contenido en el "Plan de desarrollo territorial para la subregión metropolitana de San Salvador", realizado en 2011 por el entonces Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, dicha infraestructura se encuentra catalogada bajo un estado "bueno".

La situación del inmueble del Banco Hipotecario no se detalla en ninguno de los dos documentos. Con todo, al estar protegido, solo se permiten en él, según la clasificación hecha por Secultura en 2016, cierto tipo de obras entre las que no está contemplada la demolición completa.

En una parte, dicha resolución precisa incluso: "Las obras que se deseen realizar en las edificaciones en este nivel de protección, deberán ser legibles y dar fe del momento en el que se ejecutaron". Algo que el gobierno no ha hecho.

Un formalismo

Para Fabricio Valdivieso, arqueólogo especialista en patrimonio cultural, la resolución de Cultura, en la que da el aval para que la nueva biblioteca ocupe la manzana en su totalidad, es solo un formalismo para justificar la destrucción del inmueble y poder reemplazarlo por uno nuevo.

Ese mecanismo, a su juicio, además, está incompleto. El especialista detalla que en la resolución se consideran diferentes valores para el terreno como el social y el de uso, que deberían de haberse tomado en cuenta también para los demás edificios de la manzana.

"Así como se pronunciaron con el edificio de la biblioteca para poderlo derribar, así como hicieron una resolución y así como piensan derribar otros edificios de carácter histórico se debería de hacer una resolución similar que justifique por qué se van a derribar otros edificios en la cuadra", agrega.

El arquitecto especialista en patrimonio cultural, Joaquín Aguilar indica, por su parte, que para determinar realmente que el edificio de la BINAES es inseguro y posee daños estructurales se tendría que haber evaluado sus condiciones físicas y su valoración cultural, así como realizar varias inspecciones técnicas por parte de instituciones gubernamentales y privadas que verificaran su estado de conservación.

Por lo mismo, lamenta que en el dictamen del ministerio no se haya adjuntado ningún estudio que compruebe el resultado de esas investigaciones. De ahí que catalogue el documento como "ambiguo y con falta de criterios sólidos".

"Si traen a cualquier ingeniero y le pagan para asegurar que el edificio está dañado ya resolvieron ese problema. Lo que se necesita de verdad es un estudio profundo y un análisis serio, además de pruebas de núcleo. Si ya lo tienen (el estudio), ¿por qué no lo enseñan? Es falta de transparencia", dice.

Aparte de esos puntos, una fuente gubernamental que accedió a hablar a condición de anonimato destacó que la Ley de Patrimonio no da competencias a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para reconocer el interés social y cultural de un terreno como lo hace en la citada resolución.

Con respecto al permiso para demoler, precisa que el ministerio tendría que haber cumplido una serie de requisitos antes de dar luz verde para intervenir uno solo de estos edificios protegidos.

Siguiendo el proceso normal para lograr ese aval, aclara, el propietario o el Estado tendrían que haber solicitado el diagnóstico de especialistas para determinar si dicho edificio presenta o no daños irreversibles. Con esos resultados, se tendría que haber llenado luego un formulario, en el que se pide la autorización del nuevo proyecto. Posteriormente, el ministerio tendría que haber asignado un técnico para que realizara la inspección y el análisis, y quien sería el encargado de recomendar una respuesta a la solicitud ingresada. Solo entonces, se podría haber emitido una resolución favorable o desfavorable a la petición.

En el último paso, dado que se trata de una demolición, precisa la fuente, se tendrían que haber ingresado los planos de la nueva estructura, los cuales deben de estar debidamente sellados por los jefes de área y la directora de Patrimonio. Es hasta ese momento, completado todo ese proceso, que el nuevo proyecto es legal y cuenta con luz verde para su construcción.

El documento emitido por Cultura en 2019 asevera haber "realizado varias inspecciones técnicas por instituciones gubernamentales y privadas" para verificar el estado de conservación de la BINAES, pero no precisa quiénes ni cuándo las hicieron.

"Si tienen planos firmados y sellados que han dado cumplimiento a una resolución extendida donde se da lineamientos al nuevo diseño es legal. Deberían de mostrar la resolución donde establece criterios de diseño y planos firmados y sellados", explica.

Sin embargo, aunque las autoridades afirmen que se ha seguido todo el proceso, no existe forma de corroborarlo, puesto que el 21 de agosto pasado el gobierno decretó una reserva total de siete años a todos los documentos relacionados con la demolición de la biblioteca y la construcción del nuevo proyecto.

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  • Biblioteca Nacional Francisco Gavidia

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