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DTJ: Por transparencia alcaldía debió entregar información de contrato

La Alcaldía de San Salvador negó información sobre el contrato de cámaras de videovigilancia.
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Bloqueo.  Tras las críticas al contrato, el alcalde  de San Salvador ofreció una conferencia de prensa en la casa ubicada en la colonia Escalón, sin permitir el ingreso a periodistas de medios impresos.

Bloqueo. Tras las críticas al contrato, el alcalde de San Salvador ofreció una conferencia de prensa en la casa ubicada en la colonia Escalón, sin permitir el ingreso a periodistas de medios impresos.

DTJ: Por transparencia alcaldía debió entregar información de contrato

DTJ: Por transparencia alcaldía debió entregar información de contrato

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El director ejecutivo de la Fundación Democracia y Transparencia (DTJ), Roberto Burgos Viale, consideró que por transparencia la Alcaldía de San Salvador debió entregar los documentos relacionados con la contratación millonaria del proyecto de Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4, aunque haya suspendido la adjudicación tras admitir tres recursos de impugnación de empresas.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó el pasado 18 de enero, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la comuna, el contrato firmado por el alcalde como representante de la alcaldía y la empresa ganadora, además del acuerdo emitido por el concejo municipal en el que se autoriza firmar el contrato, y el informe proporcionado por la comisión que evaluó las ofertas de las empresas competidoras y su decisión de elegir a una empresa.

Sin embargo, el oficial de información de la comuna notificó que, después de gestionar la información, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones le comunicó que el proceso se encuentra suspendido de conformidad al artículo 77 inciso último de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), “la cual establece que el proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición de recurso de revisión y de la resolución del mismo”.

Esto debido a que el concejo municipal de San Salvador tomó la decisión de admitir tres recursos de impugnación de compañías competidoras para revisar la adjudicación bajo la licitación pública LP-06-AMSS-2016, que inició el 24 de agosto de 2016 y terminó con el acta de notificación de resolución del 12 de enero de 2017, y en la que se adjudicaba a la empresa que hizo la oferta más cara.

Para Burgos Viale, en este caso, se está solicitando información de un primer proceso que permitió seleccionar a una empresa para adjudicar el contrato. “Si un funcionario tiene una visión más abierta del hecho de acceso a la información pública, como ustedes están pidiendo de una fase del proceso que ya terminó, entonces debería de darle la información”, expresó el director ejecutivo de DTJ.

“Creo que debería hacerse público (la documentación) por salud y transparencia de la misma alcaldía... Partiendo de la buena fe de que las empresas hayan puesto los recursos, porque sino estaríamos ante una maniobra del alcalde de San Salvador de fingir que hay recursos para no dar los datos que están pidiendo”, agregó Burgos Viale.

El analista dijo que parece extraño que se buscara contratar a una empresa que ofreció una oferta más cara. “Me parece muy extraño que hayan contratado lo más caro, y para un plazo tan largo. La tecnología va a cambiar y vamos a seguir con las mismas cámaras viejas; además de que amarra a futuras administraciones, y más importante todavía no se ha considerado la constitucionalidad de esto”, indicó.

Los concejales del partido ARENA también hicieron señalamientos, entre ellos, que la empresa extranjera ganadora carece de trayectoria suficiente para desarrollar el proyecto y que la comisión evaluadora de la comuna capitalina se decidió por la oferta más cara.

Una empresa que participó cobraba $1.5 millones al año, otra $5.9 millones y una tercera $4.4 millones; mientras que la empresa ganadora cobraría una inversión inicial de $14,922,729.58, sumando el impuesto de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC). El contrato para esta empresa sería por un periodo de 20 años y se pretende financiar con fondos de una tercera titularización.

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