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Datos idénticos de usuarios en reporte buses

Algunos empresarios reportan al VMT que todas las unidades movilizan el mismo número de pasajeros todos los días, como parte del requisito para el subsidio. Expertos creen que ese sector es vulnerable al lavado.
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La declaración jurada del representante de la caja única de una cooperativa de buses de San Martín consigna que cada una de las 19 unidades que conforman la ruta transportó a la misma cantidad de usuarios en un mes.

De acuerdo con ese reporte, cada bus realizó cuatro viajes diarios en abril pasado con un total de 180 pasajeros por bus. Así, exactos. Eso significaría que una unidad transportó a 45 pasajeros en el primer viaje, 45 en el segundo, 45 en tercero y otras 45 en el cuarto viaje.

El reporte, avalado por un notario, que las cooperativas entregan cada mes al Viceministerio de Transporte (VMT) como requisito para solicitar el subsidio estatal detalla el listado de la actividad de la ruta: número de placa de cada unidad, año de fabricación y el total de viajes diarios y mensuales. Además de la cantidad de pasajeros movilizados por día y mes.

Muchos de esos reportes, que el VMT da como válidos, tienen la curiosidad de que los buses y microbuses circularon todos los días, en cada viaje, con la misma cantidad de personas. Ni una más, ni una menos. El sueño de todo empresario: trabajar con cifras invariables.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó a la oficina de información del VMT una copia simple de las declaraciones juradas de los representantes de las cajas únicas de tres cooperativas de transporte del Área Metropolitana de San Salvador de los primeros cinco meses del año.

La información, firmada por Gaspar Armando Portillo Benítez, director general de Transporte Terrestre, contiene listados donde se repite el padrón de COAMCUSAM, S. A. de C. V.: la cantidad de pasajeros movilizados por cada una de las unidades de distintas rutas es exactamente igual por cada día y mes.

Esos reportes son la base para que el Estado, por medio del VMT, entregue una compensación económica mensual equivalente a $400 por cada bus y $200 por microbús. El único requisito es que la unidad haya trabajado 21 días del mes. Esa información se consigna en la declaración jurada que contiene los listados idénticos de pasajeros movilizados por cada unidad. Esas listas, además, sirven para que cada ruta, bajo la figura de caja única, deposite en el sistema financiero el importe del recaudo por el total de pasajeros movilizados. Una modalidad que, a juicio de especialistas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, facilita la infiltración de dinero ilícito en el negocio de transportar personas.

Rigoberto Ortiz, quien fue parte del equipo que redactó las recientes reformas a esa ley antilavado, sostiene que es fácil infiltrar el sector porque “no existe forma de control tributario ni de otra índole”.

Rafael Peña Menjívar, otro abogado experto en el tema, señala que no se puede identificar la fuente de los fondos y tampoco si el volumen de las actividades de esas empresas de transporte es verídico.

Ortiz y Peña Menjívar coinciden en que la banca no puede determinar con exactitud la veracidad de los fondos manejados por los empresarios de transporte debido al mecanismo de conteo de pasajeros. Tal como lo reflejan las listas que obtuvo este periódico.

La Fiscalía General de la República (FGR) comandó un operativo el jueves pasado por la madrugada en el que incautó 28 autobuses de las rutas 4 y 6 por tener como propietarios a pandilleros o personas que colaboraban con la Mara Salvatrucha (MS-13) para lavar dinero producto de la extorsión.

Horas después de conocerse los primeros resultados de ese operativo, donde también se incautaron bienes inmuebles a supuestos pandilleros, el viceministro de Transporte, Nelson García, aseguró que el VMT no tiene la competencia de determinar la procedencia del dinero de los empresarios de transporte, pues, dijo, se trata de una responsabilidad de “otras instituciones”, como la Fiscalía General de la República.

A pesar de las acusaciones de la FGR, García sostuvo que “hasta el momento” no tienen identificado “ningún caso” en donde pandilleros sean propietarios de unidades o concesionarios de líneas.

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