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“De aplausos a cadáveres no viven ni se alimentan las familias”: sindicato de médicos del Rosales exigen equipos de protección 

Mediante un comunicado señalan que, en la actual crisis que se vive por la pandemia de covid-19, las autoridades gubernamentales están permitiendo que unos ‘vivos’ ganen millones con el dolor de la gente, mientras que los médicos, enfermeras y trabajadores de salud “ponemos los muertos”.

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Médicos y enfermeras del Rosales participaron en pasado 9 de julio en una protesta que se hizo de manera simultánea en diferentes puntos del país, exigiendo una ley de emergencia. Foto de Archivo

Médicos y enfermeras del Rosales participaron en pasado 9 de julio en una protesta que se hizo de manera simultánea en diferentes puntos del país, exigiendo una ley de emergencia. Foto de Archivo

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Sindicato de Médicos del Hospital Rosales SIMEHR se sumó, este miércoles 15 de julio, a las exigencias que en las últimas semanas se han repetido entre los trabajadores de salud de todo el país. 

Mediante un comunicado dirigido al director del centro asistencial, Maynor Martínez, manifiestan su preocupación y su desacuerdo en la manera en que el gobierno está tomando decisiones para atender la pandemia de covid-19.

Asimismo, exigen se dote a todo el personal del hospital que atiende a los pacientes de covid-19 de equipo necesario para salvaguardar su salud y sus vidas. Piden al director que encamine sus acciones a prevenir el contagio y muerte de los empleados del centro asistencial. 

Tal como ha hecho el personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), los sindicalistas del Rosales también piden que se les proporcione equipo, materiales e insumos que garanticen el trabajo y vida de médicos y enfermeras, y argumentan que “de aplausos a cadáveres no viven ni se alimentan sus familias”.

Aunque no hay una cifra oficial de muertes en el sector sanitario, se sabe que las mismas sobrepasan los 50 miembros. El Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende registra alrededor de 75 personas empleadas en el gremio de salud fallecidas por covid-19. Una publicación reciente de este periódico señalaba que el 30% de los fallecidos por el virus en el sector salud eran enfermeras. 

En este sentido, lamentan que no exista un soporte económico para los familiares de los empleados del sistema de salud fallecidos. El veto presidencial al decreto legislativo para brindar una pensión vitalicia a parientes de personal sanitario muerto en el contexto de la pandemia causó desánimo en el sector salud, dicen.

La situación de la pandemia se han salido de control y  hay un desorden legal institucional en el país, que además carece de una dirección idónea, técnica y científica para enfrentar la crisis sanitaria, continúa el comunicado.

La actual administración ha respondido irresponsablemente “con ocurrencias e improvisaciones que hay profundizado la incapacidad del sistema para responder a este gran desafío”, señalan.

“Primero debemos debemos exigir que quienes nos dirigen  hagan bien su trabajo  y no exijan después que médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores seamos los responsables por las irresponsabilidades, deficiencias e incapacidades de ellos  y sus pésimas decisiones  y que además unos ‘vivos’ ganen millones con el dolor de la gente y nosotros, médicos, enfermeras y trabajadores de salud, pongamos los muertos”, manifiestan.

Consideran que no ha habido ningún refuerzo presupuestario para el Ministerio de Salud, y menos para el Hospital Rosales, pero, sin embargo, se ha han hecho compras “de manera desordenada, desarticulada e incoherente” de equipo y material de manera cuestionable y faltando a la ley.

Aunque no lo mencionan expresamente, el mismo ministro de Salud, Francisco Alabi, ha sido uno de los acusados de hacer compras irregulares. Al funcionario se le señala de haber hecho una adquisición de botas de hule para personalmente médico por $225 mil a una empresa propiedad de su familia. 

De igual forma, a principios de este mes, la Fiscalía General de la República recibió un aviso penal en la Fiscalía General de la República en contra del diputado Gustavo Escalante Zelaya y la exministra de salud, Ana Orellana Bendek, así como otras cuatro personas por el contrato de venta de 800,000 mascarillas que el Grupo GME Inversiones realizó al ministerio de Salud por un monto de $344 mil.

Los sindicalistas del Hospital Rosales también lamentan que el gobierno, en lugar de hacer una campaña masiva de difusión y educación para concientizar a la población sobre el peligro de la enfermedad, están tomando acciones con el fin de ganar voluntades para fortalecer sus intereses partidarios.


 
Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos del El Salvador exigiendo una ley de emergencia

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