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Debate entre diputados por incluirse o no en seguro médico

FMLN dice que “tienen derecho”, mientras que ARENA y PDC piden cambios y sugieren que sea solo para empleados.
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Proyecto. La junta directiva de la Asamblea planea reforzar la clínica privada del congreso, para reducir el gasto del seguro.

Proyecto. La junta directiva de la Asamblea planea reforzar la clínica privada del congreso, para reducir el gasto del seguro.

Debate entre diputados por incluirse o no en seguro médico

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Los diputados deberán acudir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) si adolecen de alguna enfermedad o acudir a una clínica privada con gastos de su propia bolsa. Esto mientras se resuelve el tema del seguro médico en la Asamblea Legislativa, que ha sido declarado desierto, luego de que la empresa que prestaba el servicio decidió no aceptar la renovación que pidió la junta directiva del congreso.

Eso también ha generado un debate en los legisladores de las diferentes fracciones legislativas, principalmente si se debe incluir o no a los diputados en este beneficio, que le costó a los salvadoreños en 2016 la erogación de $6.5 millones.

Para el diputado del FMLN Santiago Flores, quinto vicepresidente del congreso, los legisladores tienen derecho a gozar del seguro médico. “Nosotros hemos estado, como FMLN, en función de contribuir a que exista un seguro, pero que no se aumente la capacidad financiera (...) Que se mantenga para todos, nosotros también tenemos derecho (al seguro médico), ¿o no tenemos derecho?”, dijo el diputado Flores.

Esa postura es rechazada por el jefe de fracción del PDC, el diputado Rodolfo Parker, quien dice que los legisladores no pueden gozar de ese beneficio.

A criterio de Parker, el salario de los diputados es suficiente para que cualquiera contrate un seguro privado de forma individual. “Que paguen su seguro de forma privada, cada quien puede optar por uno. Si consideran que el Seguro Social no sirve, siendo legisladores, que se pague cada quien el seguro privado, pero que los diputados sigan gozando del seguro así como está la situación fiscal del país no corresponde, no es realista”, expresó Parker.

La Asamblea había decidido renovar el contrato para 2017 por un monto de $6 millones; sin embargo, la empresa no aceptó, ya que su oferta para mantener el seguro médico era de $7.7 millones. Ante eso, los diputados presentaron una nueva propuesta para pagar los mismos $6.5 millones por el seguro, pero la empresa se mantuvo en su decisión de dar el servicio por $7.7 millones. Eso generó que no haya acuerdo y a partir del 31 de diciembre, a la medianoche, el contrato queda sin efecto.

De acuerdo con el diputado Juan Valiente, del partido ARENA, las instituciones del Estado gastan aproximadamente $50 millones al año solo en seguros médicos privados, como los de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la CEL, entre otras.

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