Debate por nueva ley para quitar bienes al crimen organizado

Iniciativa del Ministerio de Seguridad contiene la creación de división policial y unidad fiscal especializadas, así como nuevos tribunales, para aplicar la ley de extinción de bienes de origen o destino ilícito. Diputados valoran situación económica del país.
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El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública le propuso esta semana a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley para que el Estado pueda apropiarse de los bienes de todo tipo que son originados o son dirigidos para hechos ilícitos. Esa ley, que a iniciativa del ministerio se llamaría “ley especial de pérdida de dominio sobre bienes de origen o destinación ilícita”, requiere de que el Gobierno invierta en nuevos juzgados, cámaras y unidades policiales y fiscales especializados en la materia.

Los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa conocieron el lunes pasado la propuesta, que fue introducida por el ministerio desde el 28 de noviembre de 2012. Algunos legisladores de la comisión compartieron sus primeras impresiones del proyecto de ley y, de forma preliminar, parlamentarios de ARENA y GANA consideran que la creación de tribunales y unidades en la Policía y la Fiscalía no es necesaria, además de que implicaría más gastos a un Gobierno que se dice con problemas serios en sus finanzas. Aunque el FMLN sostiene la necesidad de esas áreas especializadas.

El diputado de ARENA Julio Fabián Amaya aseguró que la propuesta del Gobierno es “solo un proyecto” y que el partido tricolor también elaborará sus aportes para el debate de la ley. “Hay que valorar si se crean los tribunales y las unidades, sobre todo porque, tal vez, lo que se puede hacer es el cambio de nombre de algunas divisiones ya existentes y podrían especializarse un poco más, específicamente sobre el tema de la extinción de dominio. Yo, por el momento, creo que se estaría siendo mucho más burocrático al hacer más juzgados y unidades porque eso conlleva más gasto de recursos y el Estado se encuentra hoy en una situación en la que debemos estar ahorrando”, manifestó Amaya.

El presidente de la comisión de legislación, Mario Tenorio, diputado de la fracción legislativa de GANA, dijo que los grupos parlamentarios deben valorar “la intención del Gobierno” al solicitar más personal especializado sobre extinción de dominio.

“En mis propias palabras, bastaría con la creación de los juzgados y cámaras especializados. Creo que la Policía y la Fiscalía ya tienen sus unidades especializadas para el fin que persigue este proyecto de ley. Creo que hacer más unidades sería un exceso en la pretensión de organizar de esa forma la estructura. Pero comprendemos que la intención es bastante buena. Aunque si nos vamos a la realidad, con el tema de recursos económicos nos vemos bastante en apuros”, detalló Tenorio.

En el proyecto de ley se contempla que la Corte Suprema de Justicia deberá crear juzgados y cámaras especializados para aplicar la ley. Los diputados dicen que se trataría de tres juzgados (occidente, centro y oriente) y una cámara. La corte tendrá seis meses para instalar esas dependencias a partir de la vigencia de la ley. Mientras tanto, serían los tribunales especializados contra el crimen organizado los responsables de implementar la ley.

Además, dice la propuesta del ministerio, se deberá organizar la “división de investigación patrimonial de pérdida de dominio”. Mientras la Policía crea esta división, el encargado será el Departamento de Investigación de Delitos Financieros.

En el caso de la Fiscalía, se estipula la instalación de la “unidad fiscal especializada de pérdida de dominio”, y para suplir el trabajo de esta unidad mientras se crea, la ley deberá ser aplicada por la existente Unidad de Investigación Financiera, según la propuesta del Gobierno.

Con la ley, si es aprobada, el Estado podrá expropiar todo tipo de bienes relacionados con lavado de dinero, crimen organizado, pandillas, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas y delitos informáticos. “También se aplicará a toda actividad que represente un incremento patrimonial no justificado de toda persona natural o jurídica”, se lee en la propuesta de ley.

El diputado del FMLN Jaime Valdez, miembro de la comisión de legislación, aseguró que son necesarias las nuevas dependencias judiciales, policiales y fiscales, ya que se trata de una ley que requiere de conocimientos especiales para quienes la apliquen, y, dijo, no se pueden saturar las existentes.

“Hay una realidad económica, pero eso no nos puede atar a dejarle las puertas abiertas al crimen. En todo caso, los recursos expropiados irían a estas unidades”, dijo.

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