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Debaten legalidad de las operaciones SITRAMSS sin permiso legislativo

La violación o no del artículo 120 de la Constitución de la República, sobre concesiones, genera posturas encontradas entre diputados de la Asamblea Legislativa.
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La admisión de la demanda que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) generó que se abriera ayer un debate entre los diputados de distintos grupos parlamentarios en el congreso.

El punto de discusión se centró en si se violó o no el artículo 120 de la Constitución de la República, que establece que todas las concesiones que haga el Estado salvadoreño para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u obras materiales de uso público deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, para el diputado Yohalmo Cabrera, del FMLN, a pesar de que la Constitución lo ordena, lo que debe prevalecer, según su criterio, “es el bien común” de la población. “No hay violaciones a derechos, el principal derecho es el de la población. Difícilmente se puede cuestionar que no tiene una aceptación el SITRAMSS. Más allá de la ley está la justicia y el bien común, sin entrar en cuestiones profundas de derecho”, dijo el diputado Cabrera.

Uno de los argumentos de empresarios de transporte, quienes interpusieron la demanda ante la CSJ, es que el SITRAMSS funciona en un carril exclusivo que es de carácter público, por haber sido construido con fondos del Estado.

El valor del proyecto del SITRAMSS es de $45 millones, y en ese sentido consideran que al tratarse de un bien público debió seguir los procedimientos ya establecidos en la Constitución. Para el diputado Carlos Reyes, del partido ARENA, a pesar de advertir que van a esperar la resolución final, avaló la decisión que tomó la sala al admitir la demanda.

El legislador recordó que el grupo parlamentario de ARENA desde un inicio señaló que había irregularidades en la forma en la que se había entregado el carril exclusivo para el uso del SITRAMSS.

“Nosotros creemos que, en primer lugar, ni siquiera está en la ley la forma de cómo se le entregó el SITRAMSS a estas empresas, sino que está en un reglamento, y eso debería estar de acuerdo con nuestra Constitución... Es lamentable que se haya hecho solamente haciendo una reforma al reglamento que no tiene nada que ver con la Constitución. La Constitución dice que la obra pública debe concesionarse”, expresó el diputado Reyes.

Por otra parte, el vicepresidente del congreso y diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA, consideró que sí se debe revisar la forma en que el Ejecutivo entregó el carril para el uso de buses del SITRAMSS; sin embargo, el legislador aclaró que también está de acuerdo en que el proyecto no se detenga.

“Habrá que revisar esa concesión que se dio y no pasó en la Asamblea, así se establece en la Constitución. Pero habrá que ver los argumentos de la sala... Echarlo atrás (el proyecto) es un poco complicado”, dijo Gallegos.

Tras la admisión de la demanda por parte de la sala, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, tiene 10 días para informar al máximo tribunal de justicia del país por qué se hizo la entrega del carril del SITRAMSS de esa forma.

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