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Declara la abogada Almudena Bernabeu contra Álvaro Saravia, único acusado del magnicidio de San Romero

La Fiscalía salvadoreña busca utilizar prueba ventilada en el juicio civil en Fresno (California, Estados Unidos) en el que se condenó al excapitán Álvaro Saravia (prófugo) a pagar $10 millones por el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.

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La abogada Almudena Bernabeu-Wentzel declaró este miércoles en el Juzgado Cuarto de Instrucción en contra del ex capitán del ejército salvadoreño Álvaro Rafael Saravia Merino en el proceso judicial reabierto en mayo del 2017 por el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero cometido el 24 de marzo de 1980.

Bernabeu declaró como parte del equipo de Center for Justice & Accountability que promovió el juicio civil contra Saravia en la ciudad californiana de Fresno  en Estados Unidos que concluyó en 2004 con la condena de un pago de $10 millones. La abogada recordó que la condena nunca se cumplió porque el responsable huyó pero destacó que se logró determinar la responsabilidad y “sobre todo considerar el asesinato del arzobispo de San Salvador en 1980 como un crimen de lesa humanidad.

La declaración de Bernabeu ocurre luego de que el juzgado autorizó en mayo de 2019 solicitar apoyo internacional en la investigación por el asesinato de monseñor Romero. Saravia es el único acusado por el magnicidio, pese a que hay más señalados y la Fiscalía dijo que estaba dispuesta a investigarlos.

 “Al capitán Saravia lo menciona la propia Comisión de la Verdad, fue un Informe de la Verdad y una Comisión muy valiente, nombró a los responsables… nunca más hubo en la región un informe de la verdad que tuviera a los responables nombrados. La participación de Saravia vino preestablecida por la Comisión de la Verdad. Nuestra investigación lo corroboró y lo amplió, pero la responsabilidad estaba preestablecida por investigadores de  Naciones Unidas”, señaló la abogada.

Bernabéu manifestó hoy que en el proceso seguido en Fresno "se logró contar con la declaración del testigo Amado Antonio Garay, quien, según su declaración de ese momento, fue el encargado de manejar el vehículo donde se conducía la persona que ejecutó el crimen de Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980", dijo la oficina de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez. "Asimismo, la doctora Bernabéu narró que con la declaración de Garay se pudo establecer que días antes del homicidio hubo una reunión en una finca denominada San Luis, en la cual participaron el mayor Roberto D'Aubuisson, el capitán Saravia, Garay y otras dos personas, para hablar de cómo iban a ejecutar el crimen", agrega el comunicado.

Alejandro Díaz, querellante del caso por la organización Tutela Legal, consideró que la declaración dada este día por Bernabeu fue “bastante completa y contundente al señalar al grupo que participó en la autoría del asesinato de monseñor Romero”, refiriéndose al escuadrón de la muerte.

“La Fiscalía actualmente con esta declaración y otros elementos y documentos que se le ha proporcionado está en investigación de esos otros implicados en el caso, porque no fue solo el capitán Álvaro Saravia sino, como se dijo acá, es un grupo que participó, que planificó y realizó ese delito de lesa humanidad como se señaló en el proceso civil en Estados Unidos en Fresno en el 2004”, agregó Díaz.

El fiscal del caso explicó que lo que se busca es que toda la prueba que se ventiló en el juicio civil en Fresno “sea expresada también en el Juzgado Cuarto de Instrucción, y que en su momento oportuno sea de utilidad en el proceso que se ventila acá en nuestro país”.

Díaz dijo que han solicitado que los “documentos importantes” que no estaban en el proceso sean incorporados como prueba. Incluyen “documentos desclasificados que señalan al grupo del escuadrón de la muerte de Roberto d´Aubuisson y otros”, así como “archivos tanto de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EUA) como de otras instancias del Gobierno de Estados Unidos que señalan nombres para la autoría”.

“Esperamos que las pruebas se sigan incorporando y que el caso llegue a una verdad jurídica y también una verdad histórica para el país y para el caso de San Romero”, consideró el querellante.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad, d´Aubuisson responsabilizó a Saravia del operativo para asesinar a Romero, en el cual también participó Eduardo Ávila y Fernando Sagrera. Se contrató al francotirador por medio de Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina, y el motorista Amado Antonio Garay lo transportó en un Volkswagen rojo desde el cual disparó a Romero, que oficiaba una misa en la capilla del hospital de la Divina Providencia en San Salvador.

“Hay plena evidencia de que la Corte Suprema asumió un rol activo que resultó en impedir la extradición desde los Estados Unidos, y el posterior encarcelamiento en El Salvador del ex capitán Saravia. Con ello se asignaba, entre otras cosas, la impunidad respecto de la autoría intelectual del asesinato”, concluyó la Comisión.

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