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Declaran inconstitucional acuerdo para ampliar periodo de diputados y alcaldes

La Sala de lo Constitucional admitió la demanda el seis de julio del año pasado, en aquel momento ordenaron que de manera cautelar se suspendiera el proceso de reforma.
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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional el acuerdo de reforma constitucional con el que los diputados buscaban ampliar de tres a cinco años los períodos de su gestión y de los consejos municipales.

El principal argumento de los magistrados para emitir la resolución de inconstitucionalidad es que la Asamblea Legislativa 2012-2015 aprobó el acuerdo siete días antes de terminar su mandato, es decir luego de las elecciones para el periodo 2015-2018. A juicio de los magistrados, esto implicó que la ciudadanía no se pudiera informar sobre la postura de cada uno de los diputados electos respecto a la ratificación del acuerdo, por lo que los diputados incumplieron con la etapa informativa del proceso de reforma constitucional.

“Para que una reforma constitucional refleje, con mayor fidelidad, la voluntad del pueblo, debe existir la efectiva posibilidad que el electorado intervenga, participe o se pronuncie, lo que únicamente es viable si el acuerdo de reforma constitucional precede —con el tiempo adecuado o debida anticipación— al proceso electoral”, se lee la resolución de la Sala respecto a la solicitud del demandante.

La Sala admitió la demanda el seis de julio del año pasado, en aquel momento ordenaron que de manera cautelar se suspendiera el proceso de reforma constitucional, inhibiendo a le legislatura 2015-2018 de ratificar el acuerdo.

La Asamblea Legislativa remitió a la Sala un escrito en el que consideró que el principio de legitimidad popular del acuerdo de reforma constitucional era un mero invento del abogado demandante. Además, el Órgano Legislativo adujo que si en la Constitución no existen plazos exactos para presentar reformas y tampoco se prevé la participación directa de la ciudadanía en esos procesos.

“Sería demasiado aventurado especular que el resultado— en alusión a un cuadro comparativo de los resultados electorales de las elecciones de los períodos 2012-2015 y 2015-2018—, habría cambiado si el acuerdo de reforma constitucional se hubiera tomado antes de las elecciones”, acotó la Asamblea Legislativa en su nota.

Los magistrados criticaron que la Asamblea Legislativa incurrió en errores conceptuales al plantear la voluntad popular como un elemento ajeno al trabajo político de los diputados.

El fiscal general se pronunció en el caso asegurando que sí debe existir la intermediación de la voluntad popular en el marco del debate de reforma constitucional, por lo que a su juicio sí existe la inconstitucionalidad alegada.

Los magistrados hicieron un análisis sobre la representatividad democrática del sistema político salvadoreño, y como en él los funcionarios están mandados por la voluntad popular, en última instancia. Además, recalcaron las etapas de reforma constitucional establecida en el 2012: iniciativa, fase de diálogo y deliberación pública, aprobación del acuerdo, fase informativa de la reforma, fase de diálogo y deliberación para la adopción de la ratificación, fase de aprobación de la ratificación y publicación del acuerdo de ratificación.

 

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